El Gobierno sabía que la aplicación de la ley de amnistía no iba a ser un camino de rosas. El Tribunal Supremo ha sido el primero en frenar su aplicación íntegra en lo que respecta a los delitos de malversación, por lo que ha mantenido la orden de detención sobre Carles Puigdemont. En Moncloa saben que les queda la carta del Tribunal Constitucional, que indudablemente juega a su favor por la mayoría progresista del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido, pero no han evitado hacer una advertencia al Supremo: "El texto de la ley es muy claro, y la voluntad del legislador es tan clara la propia ley".
Estas han sido las palabras vertidas por Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros. Alegría, sentando la posición oficial del Ejecutivo, ha recalcado que "la ley de amnistía fue aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados... Somos conscientes de la eficacia y efectos positivos de la ley de amnistía. Los jueces deben aplicar la ley".
Con este último mensaje, teledirigido a la Sala Segunda del Supremo, el Gobierno presiona al alto tribunal para que ejecute la ley en los términos pactados con Puigdemont y evite interpretaciones. "Es muy claro el objetivo de la ley de amnistía", ha aseverado Alegría.
Moncloa mete presión al Supremo pero lo hace desde un perfil bajo, sin grandes estridencias, a la espera de que el Constitucional les resuelva la papeleta. "Si hay alguna discrepancia tenemos el TC", indican fuentes gubernamentales.
Por el momento, Conde-Pumpido sigue allanando el terreno para una interpretación interesada del delito de malversación. Este mismo martes, el pleno del TC ha exonerado del delito de malversación a un alto cargo que fue condenado por los ERE de Andalucía, Miguel Ángel Serrano, ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Desde la sede del PSOE califican la decisión del Supremo de "sorprendente". "Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas... España es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales", apuntan.