El Gobierno lleva días cargando contra el PP por abrir las puertas de la "ultraderecha" en las instituciones españolas. El mismo Gobierno requiere ahora de la ayuda del Partido Popular para sacar adelante su modificación de la ley de extranjería para el reparto de menores no acompañados ('menas'). Su socio de investidura, Junts, ha cerrado la puerta a Moncloa, donde dan por hecho que no contarán con su apoyo en el Congreso de los Diputados. "Nos han pedido excluir a Cataluña del reparto y eso no puede ser. No contamos con Junts para esta acción", afirman fuentes del Gobierno.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se queda así en manos del Partido Popular, del que necesita al menos una abstención para sacar adelante su modificación de ley. "No tengo en la cabeza que el PP vote en contra", reconocía el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el Consejo de Ministros.
"Si el PP no apoya la modificación legislativa y tampoco Junts, que lo que ha pedido no es aceptable, no habría suficientes apoyos para sacar adelante la iniciativa legislativa", reconocen en Moncloa.
Los pasos a dar por el Gobierno
El Gobierno no oculta su debilidad: "No hay plan B". Este mismo miércoles, el Ejecutivo socialista se reúne con las comunidades autónomas en una Conferencia sectorial en la que se prevén diferencias entre gobiernos autonómicos populares. En dicha reunión, el Gobierno de Sánchez pondrá sobre la mesa su propuesta y se acordará también el reparto de 400 menas que había pendientes. El texto será llevado finalmente a la Cámara Baja donde necesita más apoyos que votos en contra para poder ser tramitado.
El documento de la modificación legislativa incluye un apartado de inversión. Se distribuirán los menores y una cuantía de 20 millones de euros para financiar su estancia y manutención.
En estos momentos hay 6.000 menores en Canarias, 3.000 más de la capacidad de acogida de esta región. "Si extendemos la proporción a otras poblaciones es como si hubiera 240.000 menores en la península. La presión que está soportando Canarias es objetiva", apunta al respecto Víctor Torres.
Por normativa, el Gobierno no puede imponer motu proprio a otras comunidades autónomas un número determinado de menas. Con la modificación legislativa que se pretende aprobar se distribuirán los 3.000 que exceden la capacidad de Canarias. Fuentes gubernamentales señalan que, históricamente, País Vasco y Cataluña han sido las CCAA que más menores han acogido.
El PP no se cree las amenazas de Vox
Mientras los socialistas necesitan más que nunca el apoyo del PP, Vox eleva su apuesta al máximo -también la presión sobre Génova- con la amenaza de romper sus gobiernos autonómicos si Feijóo acepta sin reparos la propuesta de reparto de menas de Moncloa. Una amenaza que ha vuelto a reivindicar en el Congreso de los Diputados a través de la portavoz Pepa Millán.
En el cuartel general del PP, sin embargo, no se creen las amenazas de Bambú, y consideran que responden a una estrategia política dado el bajo momento demoscópico en el que se encuentran. "No nos impresionan los órdagos de Vox ni las amenazas del Gobierno", aseguraba Sémper.
El portavoz popular se ha mostrado firme en la postura del PP: "Somos un partido de Estado". En Génova no enseñan sus cartas de momento, pero su voluntad es la de negociar con Moncloa un acuerdo siempre y cuando no se privilegie a Cataluña.
El PP aboga por un punto intermedio "entre no atender a los menores no acompañados que defiende Vox y la postura del Gobierno". Quiere financiación para acoger a los menas y que se determine un criterio claro de reparto. El Gobierno tiene previsto presentar cuatro criterios objetivos de reparto de menores y, como confirman fuentes de Moncloa, uno será la cantidad de menas ya acogidos.
