El Gobierno no se da por enterado del desafío que pretenden Junts per Catalunya y ERC al presentar como candidato a presidir la Generalitat al prófugo Carles Puigdemont. Da por hecho que la mesa de edad que formarán la mañana de este miércoles en la constitución del Parlament de Cataluña tres diputados de ERC va a admitir la participación en las votaciones de Puigdemont y los otros cuatro diputados huidos a Bruselas, pero la Abogacía del Estado solo recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) esos cinco votos; no pedirá la suspensión del pleno porque el Ejecutivo quiere que éste elija hoy mismo presidente de la Cámara, que se convoque pleno de investidura y haya así presidente de la Generalitat antes del 31 de enero.
La Moncloa ve a Puigdemont amortizado y cree que el anuncio de anoche es sino otro episodio del pulso entre los dos socios soberanistas. Todo el mundo sabe a estas alturas, y por este orden, que el expresident no puede ser reelegido -el Constitucional suspendería esa investidura-, que su nombramiento nunca sería refrendado por el Rey en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que no podría tomar posesión porque será detenido en cuanto pise suelo español, se argumenta. Es decir, que el presidente de la Generalitat será un o una independentista pero nunca Puigdemont.
Eso sí, la mesa de edad que forman Ernest Maragall, de 75 años, el más veterano de los 135 parlamentarios elegidos el 21-D, acompañado de los dos más jóvenes, los también diputados de ERC Ruth Ribas y Gerard Gómez del Moral, 27 y 28 años, van a permitir que él y los otros cuatro en busca y captura voten. "Para nada", se argumenta desde el Ejecutivo.
Porque, con la anunciada abstención de los ocho diputados de Catalunya en Comú, los constitucionalistas no pueden aspirar a que el diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra presida la Cámara. Los 57 votos a favor que suman Ciudadanos (36), PSC (17) y PP (4) nada pueden hacer frente a los 65 en contra de Junts per Cat, ERC y la CUP. Conclusión: el nuevo presidente será el diputado de ERC Roger Torrent con el voto de los prófugos o sin él.
Nada cambia, pero torpedear judicialmente el pleno de este miércoles en su conjunto si alteraría gravemente los planes del Gobierno para recuperar cuanto antes la normalidad política en Cataluña, primero, y en toda España, después, advierten las fuentes consultadas.
El Gobierno no oculta que quiere pasar página cuanto antes del 155 y que el PNV le apruebe el presupuesto 2018, para alejar el fantasma del fracaso que le supondría a Rajoy tener que disolver las Cortes
Y Mariano Rajoy no oculta, en ese sentido, que quiere que el 155 decaiga, para poner así al PNV en disposición de dar luz verde a su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 antes de mayo o junio. Pero si este miércoles bloquea la constitución de la Cámara por un exceso de celo, corren el riesgo de que lo que se bloquee sea el resto de la legislatura nacional, la suya.
Ayer mismo, en la copa de Navidad que ofreció Presidencia del Gobierno a los periodistas -en diciembre se aplazó para no interferir en la campaña electoral catalana-, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se preguntaba en voz alta "qué sentido" tendría aprobar unos Presupuestos no en mayo o junio, sino en en julio o agosto, solapándose con la tramitación de los Presupuestos para 2019.
En cuanto al voto de los tres diputados que están ahora mismo en prisión, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, a los cuales el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha impedido estar presentes en la sesión constitutiva de hoy, el Gobierno también va a estar vigilante sobre los argumentos que use la mesa de edad para garantizar su participación en la votación.
La Moncloa vigilará con lupa hoy el argumento con los que la 'mesa de edad' acepte el voto de Oriol Junqueras y los otros dos encarcelados, porque no admite la teoría de los "perseguidos políticos"
Si el órgano provisional acata la argumentación de Llarena en su auto, no recurrirán al Constitucional la participación del líder de ERC y los otros dos encarcelados en la votación, pero si les mete con los cinco huidos en Bélgica, a los cuales el independentismo quiere dar condición de "perseguidos políticos", el recurso de la Abogacía y la Fiscalía estará cantado.
El objetivo último de la estrategia del Gobierno está claro: mientras los plazos corran y los nuevos órganos se comporten "dentro de la legalidad", nada que objetar; es más, se facilitará que el 155 sea un mal recuerdo del pasado nada más tome posesión el nuevo Govern porque eso facilitará la normalización política nacional y alejará el fantasma de una disolución anticipada de las Cortes.
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