El megacontrato de material sanitario de Salvador Illa fue un fracaso. Lo reconoce ya hasta el propio Gobierno, aunque sea de manera velada, en un documento al que ha accedido Vozpópuli. Del contrato de 2.500 millones de euros entre cuyos proveedores se encontraba la UTE de Ferrovial con Soluciones de gestión (la empresa de la trama Koldo), se ejecutó apenas un 6%. Las comunidades autónomas prefirieron acudir a sus propias centrales de compra, que les ofrecía el material más rápido y más barato, que a la selección de empresas efectuada por el Ministerio de Sanidad (155 elegidas entre 475 ofertas).
El Gobierno reconoce en una respuesta escrita al grupo parlamentario Vox que el megacontrato de Illa llegó tarde y que existían alternativas de mercado más económicas para el material que ofertaba Sanidad (mascarillas, test covid, guantes, batas, etc.).
En el escrito, Moncloa trata de justificar porque solo se utilizó el 6% de los 2.500 millones en material en esta apuesta de Salvador Illa, y apunta en primer lugar que cuando se formalizó el Acuerdo Marco, a principios de 2021, "en el mercado internacional ya se había superado el desabastecimiento inicial que motivó su tramitación y el mercado comenzó a ofrecer precios mucho más económicos".
Es decir, que el Ejecutivo reconoce que esta iniciativa estrella de la era Illa se materializó tarde, cuando ya no hacía falta una compra centralizada a nivel estatal. El mercado fue más rápido que la estructura del Estado.
Al mismo tiempo, el Gobierno admite que al llegar tarde con el megacontrato "se redujeron las necesidades de productos de protección contra la covid-19 tras rebajarse el nivel de incidencia y mortalidad".
Estos son los argumentos del Ejecutivo de Sánchez para responder a la pregunta formulada por el diputado de Vox David García Gomis: "¿Qué explicación puede ofrecer el Gobierno sobre el bajo porcentaje de ejecución del importe adjudicado en relación con el contrato mencionado -megacontrato de Illa, donde apenas se ejecutó un 6% de los 2.500 millones aprobados?".
Nadie compró al proveedor de la trama Koldo
Entre las 155 empresas que componían el megacontrato de Illa se encontraba la UTE de Ferrovial con Soluciones de gestión y apoyo a empresas (la empresa de la trama Koldo). El Ministerio de Transportes y las comunidades autónomas de Canarias (Ángel Víctor Torres) y Baleares (Francina Armengol) destinaron millones de euros a adquirir mascarillas a esta compañía. Sin embargo, una vez formalizado el Acuerdo Marco, la UTE no vendió ni una sola mascarilla a los gobiernos autonómicos, que encontraron mejores ofertas en el mercado o en otros proveedores del contrato.
No es de extrañar si recordamos que pese a que la UTE rebajó el precio de sus mascarillas en abril de 2021, sus FFP2 a 90 céntimos seguían estando ocho veces más caras que las da la competencia en el mismo período de tiempo. Por ejemplo, cada mascarilla FFP2 de Gamma Solutions, que también estaba entre las empresas seleccionadas, costaba en el mismo período de tiempo 12 céntimos.
Millones de mascarillas defectuosas
En otra de las confesiones del Gobierno, publicada en exclusiva por este periódico, el Ministerio de Sanidad reconoce que más de 23 millones de las mascarillas compradas a FCS Select Products resultaron ser defectuosas. Confiar la adquisición de mascarillas quirúrgicas en el peor momento de la pandemia a una empresa especializada en la venta de artículos de marketing de bebidas alcohólicas no parece, a priori, la mejor idea. Salvador Illa apostó por FCS Select Products para abastecer de mascarillas a los sanitarios en el peor momento de la pandemia. Adjudicaciones que obran en poder de la Fiscalía Europea, tras ser trasladados a la misma por Anticorrupción.
El Ministerio Sanidad firmó cuatro contratos por la vía de emergencia y sin publicidad con esta compañía, cuyos administradores habían sido condenados por estafa, con sede próxima a La Roca del Vallés, localidad natal de Illa. El Ministerio de Sanidad pagó más 260 millones a esta compañía.
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