Política

El Gobierno de Sánchez ha adjudicado en esta legislatura más de 5.000 millones en contratos opacos y sin publicidad

En el cuatro trimestre de 2023 tramitó 503 contratos por valor de 4.449 millones; en el primero de 2024, otros 585 por una cantidad total de 816,86 millones

La nueva legislatura de Pedro Sánchez, como la anterior, está marcada por la minoría parlamentaria del PSOE, que ahora en coalición con Sumar y gracias al apoyo de un amplio espectro del espectro político -sumando todas las fuerzas independentistas o de izquierdas-, conforma el Gobierno que pretende extender durante los próximos cuatro años. A pesar de que el nuevo Ejecutivo apenas ha empezado a rodar, hasta la fecha ya ha adjudicado más de 5.000 millones en contratos negociados sin publicidad, el procedimiento de licitación más opaco de la Administración, según ha podido comprobar Vozpópuli a partir de fuentes oficiales.

La cifra de adjudicaciones es notablemente superior a las de periodos anteriores. Así, en el último trimestre de 2023, los diferentes entes públicos estatales adjudicaron un total de 503 expedientes negociados sin publicidad por un valor total a 4.449,29 millones de euros.

Hace falta remontarse a tiempos de la pandemia para encontrar un trimestre con un gasto tan elevado mediante este procedimiento. Cabe recordar que los contratos negociados sin publicidad permiten a la Administración cerrar un acuerdo directamente con la empresa adjudicataria, estableciendo entre ambos las condiciones del cumplimiento del servicio o venta, así como el precio del mismo.

La tramitación de estos contratos atiende a una serie de condiciones especiales y la falta de transparencia en el procedimiento corresponde a razones que deben estar justificadas, como tener la certeza de que la empresa en cuestión es la única capaz de realizar un determinado servicio o suministro, o si tiene un carácter reservado por condiciones de seguridad.

5.182 millones en contratos sin publicidad

En los momentos más convulsos de la pandemia del coronavirus, marcados por la fuerte tensión en el mercado internacional, se recurrió a este procedimiento para acortar plazos y negociar directamente con las empresas suministradoras de material médico o fitosanitario; principalmente, mascarillas, guantes o batas desechables. Así, en el tercer trimestre de 2020 se adjudicaron 5.182 millones mediante procedimientos negociados sin publicidad.

La cifra no es muy superior a los 4.449,29 millones de euros adjudicados en el cuarto trimestre de 2023 por el Gobierno de coalición, con Pedro Sánchez a la cabeza y Yolanda Díaz, dirigente de Sumar, como vicepresidenta y ministra de Trabajo.

A esa cantidad hay que sumar los 816,86 millones de euros adjudicados mediante este mismo procedimiento en el primer trimestre de 2024, repartidos en 585 expedientes; nunca antes se había alcanzado esta cifra en el mismo periodo de tiempo de años anteriores: 348 millones en el primer trimestre de 2020; 327 en el de 2021; 359 en el de 2022; y 675 en el de 2023.

Así, entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, el Gobierno de coalición suma 5.266,16 millones de euros adjudicados en 1.088 expedientes tramitados mediante el procedimiento de negociado sin publicidad. Así se desprende de los datos que maneja la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), órgano que depende del Ministerio de Hacienda pero con independencia en sus funciones.

Ayuntamientos y autonomías

Estos datos también incorporan los expedientes aprobados por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas siguiendo el mismo procedimiento. Aunque el número de contratos negociados sin publicidad en el primer trimestre de 2024 es muy superior en estos ámbitos -1.724 y 1.322, respectivamente-, los millones adjudicados no alcanzan a los acordados por entes estatales: 178 millones en consistorios y 530 en autonomías, frente a los 816 adjudicados por el Gobierno.

El contraste es aún mayor si se atiende al último trimestre de 2023, cuando el Gobierno tramitó 803 expedientes por valor de 4.449 millones, frente a los 1.833 contratos adjudicados por Ayuntamientos con valor de 235 millones de euros, y los 1.766 de las Comunidades Autónomas por 691 millones.

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