La debilidad parlamentaria del PSOE ha obligado al Gobierno a impulsar sus medidas mediante la figura del decreto ley, reservado según la Constitución para "casos de extraordinaria y urgente necesidad". Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha aprobado desde que llegó a La Moncloa un total de 25 decretos-ley. Mariano Rajoy aprobó 20 en el mismo período y se marchó del Gobierno habiendo dado el visto bueno a un total de 30.
La aritmética parlamentaria no facilita que el Congreso cumpla con su función legislativa. Y a ello se suma que PP y Ciudadanos controlan la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, desde donde usan su mayoría para ampliar eternamente los períodos de enmiendas de las leyes del PSOE o Unidos Podemos.
Precisamente, la formación de Pablo Iglesias lleva semanas avisando de que su apoyo no es un cheque en blanco. En el mes de enero se tendrá que habilitar un Pleno extraordinario para convalidar los decretos aprobados en las últimas semanas por el Consejo de Ministros. Y los morados ya han avisado de que no apoyarán algunos como el de vivienda, que deja fuera la regulación de los precios.
Sánchez se mostró muy crítico con el uso de los decretos-ley que hizo el Ejecutivo de Rajoy. Pero ante su debilidad parlamentaria y el torpedeo de las leyes de los partidos de la derecha, el jefe del Ejecutivo ha optado por aprobar medidas de carácter profundamente político como la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos; medidas urgentes de transición ecológica; la sanidad universal y la devolución de los derechos a los inmigrantes sin papeles; o la renovación del consejo de Administración de RTVE.
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