En contra de lo que piensa una mayoría de españoles asustados, mañana jueves a las 10:00 no se acaba el mundo, solo el segundo ultimátum del Gobierno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que "vuelva a la legalidad". Un eufemismo que encubre el verdadero deseo de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez: que adelante las elecciones autonómicas y corra el aire sin necesidad de que el Estado le desaloje traumáticamente del poder vía artículo 155 de la Constitución.
De hecho, aunque un Consejo de Ministros extraordinario active mañana el 155, Puigdemont todavía tendrá una semana más para recapacitar; mejor dicho, vista su obcecación en no "rendirse" -así lo califica uno de sus pretorianos, el consejero de Presidencia, Jordi Turull-, tienen una semana más el resto del PDeCat, con Artur Mas a la cabeza, una parte de ERC y los empresarios para obligar al president a llamar a las urnas a los catalanes.
Así, el Pleno extraordinario del Senado no será antes del jueves 26 o del viernes 27 de octubre porque previamente hay que cumplir una serie de trámites, entre ellos oír a Puigdemont, según explicó su vicepresidente primero, Pedro Sanz.
La Mesa se reunirá el mismo jueves o viernes, en cuanto llegue el escrito de La Moncloa para establecer el calendario y la forma de tramitación. El artículo 189 del Reglamento ofrece dos vías: convocar la Comisión General de Comunidades Autónomas o bien crear una comisión ad hoc compuesta por senadores adscritos ya a comisiones afectadas por la materia a tratar.
Si se opta finalmente por una comisión ad hoc, esta mezclará integrantes de la actual Comisión General de comunidades autónomas y de la Constitucional, señalan a Vozpópuli fuentes populares y socialistas. Una vez constituida, y habiendo recibido el proyecto de ley o Real decreto del Gobierno donde se detallarán las medidas que el Gobierno quiere poner en marcha para tomar el control de la Generalitat, la comisión está obligada a dar un plazo al presidente Puigdemont para que presente y defienda -él mismo o quien designe- sus alegaciones. El reglamento no determina el plazo de esa comparecencia.
Puigdemont, o quien él designe, tiene derecho a comparecer ante la Comisión del Senado que preparará el dictamen del 155 para argumentar sus alegaciones en contra de intervenir la Generalitat
Que el Gobierno y el PSOE se estén planteando esa comisión ad hoc se explica porque la Comisión General de Comunidades Autónomas tiene un funcionamiento complejo, ya que durante sus sesiones pueden intervenir los presidentes autonómicos, los portavoces de los grupos parlamentarios y los de los grupos territoriales. Y a nadie se le escapa que ni Podemos ni los grupos independentistas van a facilitar la tramitación de un 155 al que se oponen rotundamente.
La comisión por la que opten finalmente podría reunirse, en principio, el lunes 23, un día antes del pleno ordinario que el Senado celebra a partir el martes 24 para una sesión de control en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contestará a preguntas de la oposición; el Pleno continuará el miércoles por la mañana. Y el Pleno extraordinario sería al día siguiente, jueves 26, o ya el viernes 27.
El artículo 189 determina que la Comisión debe elevar una "propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas", lo que significa que las demandas del Ejecutivo podrían cambiarse vía enmienda. El PP se basta con su mayoría absoluta, pero no aprobará nada que no tenga el visto bueno del PSOE, como mínimo.
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