El Gobierno de Mariano Rajoy siempre ha sido partidario de hacer poco ruido en la crisis catalana y ahora, cuando parece que puede haber investidura de un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, menos aún.
Si eso sucede, si en el Pleno de este lunes 12 de marzo -o en otro, días más tarde- sale elegido un jefe de gobierno que respete la legalidad, la intervención de la autonomía vía artículo 155 de la Constitución decaerá automáticamente; y el Secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, o la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volverán al Senado simplemente a certificar ese final, "no a prolongar la situación", explican a Vozpópuli fuentes gubernamentales.
De ahí que, aun cuando se cumplen tres meses de sus últimas explicaciones en sede parlamentaria -Bermúdez de Castro acudió a la Cámara Alta el 4 de diciembre y Sáenz de Santamaría el 18 del mismo mes-, el Ejecutivo no tenga prisa por explicar cómo ha gobernado en estos tres meses esa comunidad que, según insisten las mismas fuentes, se ha hecho desde la más "absoluta normalidad".
La Moncloa y el PP cuentan para ese retraso con la complicidad del PSOE y Ciudadanos -más en el primer caso-, tampoco interesados en convertir el Senado en caja de resonancia del mensaje de ocupación del territorio que están lanzando continuamente los independentistas en los medios de comunicación y en Las Cortes.
El Ejecutivo quiere que la comparecencia de la vicepresidenta o la de Bermúdez de Castro sea para certificar el final de la anormalidad institucional no su prolongación 'sine die'
Es más, según las fuentes consultadas, se va a esperar a después de la remisión al Congreso del Proyecto de Ley de Presupuestos 2018 por parte del Congreso de Ministros, el 23 de marzo, que se ha convertido en la prueba del 9 del "inicio de la vuelta a la normalidad institucional".
La semana siguiente será inhábil parlamentariamente por Semana Santa y, en consecuencia, la comparecencia ya se pospondrá hasta la primera quincena de abril. Y, de hacer caso a los propios Junts per Cat y ERC, que insisten en que no habrá repetición electoral, la vuelta de Bermúdez de Castro o Santamaría a la Comisión de seguimiento de la aplicación del 155 se convertirá en un trámite de fin de la medida excepcional que supone aplicar el 155.
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