En unos meses. Ese es el plazo que baraja el Gobierno para que el Tribunal Supremo le dé la razón en la disputa judicial sobre la exhumación de Francisco Franco, por lo que la resolución de los jueces podría caer después del verano.
"Confiamos en que la resolución del Supremo sobre el fondo del asunto sea rápida. Ni mucho menos pensamos en una demora de un año", subrayaron fuentes gubernamentales a Vozpópuli tras las informaciones que apuntaban en este sentido.
El Ejecutivo se muestra muy confiado en esta controversia por varios motivos. En primer lugar, el fallo de ayer de la Sala III del Supremo da pistas de lo que puede ocurrir. Así, los magistrados avanzaron que la resolución del recurso de la familia Franco se puede resolver en "un plazo razonable". Por ello, añadieron en el auto, "los intereses públicos vinculados a la exhumación" que ahora dejan en suspenso "no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que, finalmente, debieran prosperar".
El Gobierno insiste en que la suspensión cautelar acordada por el Supremo implica que el Ejecutivo pospondrá la ejecución de la exhumación "hasta que en los próximos meses" se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. "No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte", señalan desde Moncloa.
Asimismo, las citadas fuentes subrayan que la Abogacía del Estado apoyó sin reservas los pasos dados por el Gobierno para sustentar la decisión de exhumar los restos del dictador. Primero, con un decreto ley que luego fue refrendado en el Congreso por una amplia mayoría. En este sentido, en Moncloa se quiso hacer hincapié en que el fallo del Supremo es una "paralización cautelar y no una suspensión que algunos presentan como definitiva".
Robles estuvo en la Sala Tercera
Curiosamente, el único miembro del Gobierno que ayer habló sobre este asunto fue la titular de Defensa, Margarita Robles, quien es la que mejor conoce los vericuetos y entresijos de la Sala Tercera del Supremo ya que ella misma estuvo allí destinada una etapa de su vida jurídica antes de formar parte del CGPJ y luego regresar a la política de la mano del PSOE.
La ministra explicó que cualquier suspensión cautelar del Supremo es "absolutamente normal" en un proceso contencioso-administrativo y matizó que los jueces de la Sala III no han entrado en el "fondo del asunto".
En su opinión, "en ningún caso" paraliza ni determina la decisión final que pueda tomarse finalmente, al tiempo que enfatizó que el Gobierno ha actuado "aplicando la ley en todo momento". Por ello, mostró su confianza en los magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, "de la que yo formé parte" -subrayó-, actúen como siempre en los márgenes establecidos por las leyes.
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