La Generalitat contrató durante el mandato de Carles Puigdemont a multinacionales de reconocido prestigio para diseñar la organización del sistema fiscal de una hipotética Cataluña independiente, detallando los organismos que se debían integrar en una futura consejería o Ministerio de Hacienda.
Así lo advierte la Guardia Civil en un informe que consta en el sumario, al que ha tenido acceso Efe, de la investigación abierta por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del gobierno catalán para el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Según el informe, la Generalitat destinó "importantes recursos" a diseñar una "moderna administración tributaria a la imagen de los países más avanzados en esta materia", tras encargar a la multinacional KPMG un informe en relación a la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional, materia en la que la administración catalana no tiene competencias.
Un portavoz de KPMG ha asegurado hoy a Efe que el informe realizado en julio de 2015 sobre la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional se circunscribió en el marco competencial de Cataluña dentro de España y que, en el mismo, se reflejaba que la competencia en materia de fiscalidad internacional es exclusiva del Estado, recomendando funciones para este organismo de apoyo a la internacionalización o a la captación de inversión extranjera.
Además, otra multinacional, en este caso Landwell-Pricewaterhouse, emitió por encargo del gobierno catalán un informe donde conceptualizó la estructura institucional del Sistema Fiscal de Cataluña, que se puede encontrar en la página oficial de la Generalitat.
La Generalitat también encargó a dos multinacionales, IBM y T-Systems, un informe sobre un nuevo sistema de gestión tributaria de la Generalitat, denominado e-Spriu, aunque el instituto armado concluye que este sistema no está actualmente en condiciones de gestionar todos los tributos que se pagan en Cataluña.
Pese a ello, la Generalitat encargó a T-Systems, según el informe, una aplicación que prevé la gestión de un censo único de contribuyentes y que incluiría también la cuenta corriente del contribuyente, así como información de bienes, asistencias y actividades económicas.
Paralelamente, esta compañía habría desarrollado un sistema de gestión de censos aplicable a los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Estancias en Establecimientos Turísticos, según el informe de la Guardia Civil.
Además, el gobierno también encargó a T-Systems la construcción de una Base de Datos Fiscal para el Impuesto de Bebidas Azucaradas, tasa que pretendía implementar el ejecutivo catalán y que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.
A instancias del gobierno catalán, T-Systems también había empezado a implementar un sistema de gestión documental para el e-Spriu y colaboraba en el diseño de su arquitectura, con el objetivo de disponer de capacidad para gestionar cualquier tipología de tributo o ingreso público.
La Generalitat había solicitado igualmente a esta compañía informática que configurase una serie de dominios relacionados con el referéndum sobre la independencia, si bien esta petición nunca llegó a estar en producción, según la Guardia Civil.
Por todo ello, el instituto armado concluye en su informe que la Generalitat invirtió "importantes recursos" en diseñar la organización del sistema fiscal de una hipotética Cataluña independiente, contratando a multinacionales de renombre para que diseñaran esa organización, "configurando los distintos organismos que deberían integrarse en una futura Consejería o Ministerio de Hacienda".
La Guardia Civil remarca que la Generalitat pretendió también diseñar un sistema informático con el que poder gestionar todos los tributos que se pagan en Cataluña, "disponiendo de bases fiscales y censos de contribuyentes sobre los que aplicar las competencias de la Administración Tributaria Catalana".
El juez abrió esta investigación a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal en las que aseguraba que el Govern había obtenido de forma "ilegal" los datos fiscales de todos los catalanes y que el ejecutivo catalán investigaba a los jueces que trabajan en Cataluña para saber si estaban a favor de la independencia.
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