La empresa Grand Tibidabo, que ejerce la acusación popular en el caso Pujol, ha solicitado al juez que investiga la causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, que cite a declarar como testigo al expresidente catalán Artur Mas para que aclare su papel en un presunto pelotazo del clan, según explican a Vozpópuli fuentes jurídicas.
En concreto, la firma que gestionaba el parque de atracciones barcelonés del Tibidabo sigue el rastro a una ampliación de capital que habría llevado a cabo en los años 90 un familiar de Marta Ferrusola Lladós, la mujer del expresidente catalán Jordi Pujol Soley, de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas). La acusación considera que esta cifra coincide en cantidad y fechas con una presunta comisión cobrada por el clan.
En este sentido, la Policía ha puesto de manifiesto que los Pujol ingresaron más de 50.000 euros (8,3 millones de pesetas) en la compra a Grand Tibidabo en 1991 por parte del Gobierno de la Generalitat, presidido entonces por Jordi Pujol Soley, de un edificio que se destinó a ser la Conselleria de Medio Ambiente, según consta en un informe del Grupo 24 de la UDEF-BLA.
Láminas financieras
Sin embargo, en su declaración como imputado del pasado febrero, Jordi Pujol Ferrusola rechazó las conclusiones de la Policía: "Era el año 1991 y solo podría ser un producto financiero que se llama láminas financieras. Los ocho millones [50.000 euros] son un ingreso que me hace el banco a mí como consecuencia de una venta que ha hecho de un producto financiero, y en este caso solo podría ser una lámina financiera". De esta forma contestó Jordi Pujol Ferrusola, tras ser preguntado en la Audiencia Nacional por su propio abogado por el ingreso en Andorra.
En concreto, la representación legal de Grand Tibidabo pretende obtener información de la actuación de Artur Mas en la compañía peletera Tipel, en la que coincidió con Jordi Pujol Ferrusola e Isidor Prenafeta. Este empresario es primo del exsecretario de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, uno de los hombres de confianza del expresidente catalán en Convergència Democrática de Catalunya (CDC).
Prenafeta ya fue condenado en la Audiencia Nacional a siete años de cárcel por el caso Pretoria, en relación a las mordidas que ingresó en varias operaciones urbanísticas desarrolladas durante los años 2002 a 2009 en las localidades catalanas de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona.
Ingresos en Andorra
El escrito de Grand Tibidabo también incluye documentación relativa a los movimientos de la empresa de la familia de Marta Ferrusola, que según un informe de 12 de diciembre de la Policía se habría beneficiado de importantes ingresos en Andorra.
Como por ejemplo, ingresó 90.000 euros (15 millones de pesetas) recibidos de una transferencia de 28 de abril de 1992 que habría abonado el matrimonio compuesto por José Luis Cano Cristóbal y Nieves Castro Navarro. El primero era administrador de la mercantil Barcelona Fórum Internacional y la Policía cree que es uno de los empresarios catalanes que presuntamente "pagaron mordidas a la familia Pujol por los Juegos Olímpicos del 92".
El escrito que reclama la declaración como testigo de Artur Mas se conoce pocos días después de que concluyera el periodo por el que fue inhabilitado para ejercer cargo público. En concreto, el Tribunal Supremo le condenó a 13 meses de inhabilitación, que se cumplieron el 23 de febrero pasado.
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