El hermano de Pedro Sánchez tampoco está llamado a presentar la Declaración de la Renta en la Campaña ahora en curso, que finaliza el próximo 1 de julio. A diferencia de los algo más de 23 millones de españoles que prevé Hacienda que van a declarar, David Sánchez Pérez-Castejón está exento por tercer año consecutivo. Vozpópuli desveló el pasado 18 de abril que el hermano del presidente del Gobierno no es residente fiscal en España desde 2021 sino en Portugal y no ha presentado el IRPF de 2021 ni de 2022 "por no estar obligado", según sus declaraciones patrimoniales.
Pues bien, en 2023 la Diputación de Badajoz le ha retenido como no residente un 19%, según ha podido saber este periódico, en los Modelos 216 y 296 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) para rentas e ingresos a cuenta de no residentes sin establecimiento permanente.
Esta retención del 19% es 20 puntos inferior a la que le correspondería de marginal máximo en el IRPF, del 39%.
Llama la atención en la polémica situación fiscal de David Sánchez que la Diputación le considere no residente junto con un puñado de trabajadores en Portugal que hacen trabajos esporádicos. Es decir, este tipo de retención a un no residente debe hacerse si realmente es residente fiscal en otro país y sólo hace un trabajo en un corto periodo de tiempo para quien le retiene. En cambio, el hermano del presidente del Gobierno trabaja a tiempo completo para este ente municipal.
Además de situarse en las antípodas del modelo fiscal que promociona el Gobierno de Pedro Sánchez y entre los contribuyentes que la Agencia Tributaria (AEAT) dice vigilar especialmente en su Plan de Control Tributario, esta condición de no residente es cuestionada por inspectores de Hacienda y fiscalistas. No cabría que lo fuera siendo su única fuente de ingresos declarada una entidad española como es el caso aunque fuera una empresa privada. Pero es indefendible que lo sea por trabajar para el Sector Público, que debe retener IRPF a sus empleados.
Hacienda va a tener que retratarse
Haber consentido tratar a David Sánchez como no residente y no ir a trabajar y los documentos que se han ido aprobando o que informan sobre su insólita situación fiscal, patrimonial y laboral ponen en una situación comprometida a los funcionarios responsables.
En este sentido, Vozpópuli ha informado de que hay "mucha preocupación" entre los funcionarios de la Diputación de Badajoz por haber firmado certificados sobre las actividades del hermano de Pedro Sánchez y se tientan la ropa a la hora de retratarse con su firma en más documentos de cara al futuro, cuando se acaba de abrir una causa en un Juzgado de Badajoz contra Sánchez, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y Alejandro J. Cardenal, jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación, por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
El sentir es que "no es lo mismo intentar parar los pies a la oposición o a la prensa que tener que responder ante una jueza".
La apertura de estas diligencias va a obligar a Hacienda a retratarse sobre la polémica situación fiscal y patrimonial de David Sánchez Pérez-Castejón. Si tiene una inspección abierta, lo que inspectores consultados no creen, deberá comunicarlo a la jueza. Y si se confirma que no la tiene, será requerida y va a tener que colaborar en auxilio judicial y pronunciarse sobre si Sánchez ha incurrido en delito o infracción fiscal y si aprecia incremento patrimonial no justificado y blanqueo.
También deberá trasladar si se ha producido una hipotética regularización, en la que tendría que pagar una cantidad importante, porque no se podría deducir las retenciones en el IRNR.
Aunque en un primer momento la jueza se dirigirá a la delegada Especial de la Agencia Tributaria (AEAT) en Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez, el expediente y el informe pericial van a ser tutelados en todo caso por la cúpula de la AEAT y las fuentes consultadas apuntan a que al pretender Sánchez ser no residente, se llevará en los Servicios Centrales en Madrid.
Precisamente la cúpula de la Inspección en la AEAT está conformada por afines al PSOE nombrados tras el cese fulminante de los responsables del informe explosivo sobre la trama Koldo, según avanzó Vozpópuli.
Cobra 261.000 euros y eleva su patrimonio en 1,7 millones
El hermano de Pedro Sánchez declara un patrimonio de al menos dos millones de euros con un sueldo de 55.500 euros en 2023 de la Diputación de Badajoz, que preside el PSOE, sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas. Tres inmuebles en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en criptomonedas y 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias son algunos de sus bienes, entre los que destacan 1,4 millones de euros en acciones de BBVA.
Así lo detalló este periódico el 17 de abril a partir del análisis de su declaración, que desde 2021 cambia la denominación de las acciones que posee y emplea un término que oculta su valor en más de 1,3 millones.
En la pandemia, entre 2020 y 2021 estuvo doce meses de excedencia y a la vuelta su patrimonio se elevó en 1,5 millones.
El hermano de Pedro Sánchez ha cobrado de la Diputación de Badajoz 261.154,6 euros entre julio de 2017 -cuando se le contrató a dedo un mes más tarde de que Pedro Sánchez se proclamara secretario general del PSOE- y diciembre de 2023 y ha elevado su patrimonio en 1,7 millones con un sueldo de entre 48.000 y 55.500 euros.
En 2023, declara un "piso" en Elvas de 240.000 euros de coste de adquisición ese mismo año. Vozpópuli ha revelado el pasado 23 de abril que en realidad se trata de una vivienda unifamiliar de 425 metros, dos plantas, jardín, cuatro vestíbulos, tres cocinas, tres salas de estar, comedor, trastero y buhardilla en un edificio singular en el casco histórico de Elvas, según los planos de la reforma que ha emprendido a los que ha accedido este periódico.
Un estudio de arquitectura de Madrid consultado por este periódico valora la reforma en al menos 250.000 euros; es decir, en un montante similar o superior al coste declarado de adquisición.
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