El juez del caso Tándem ha citado el lunes a José Villarejo Gil, hijo del excomisario investigado en esta causa, y al inspector jubilado Antonio Bonilla dentro de la pieza Pit, en la que investiga la contratación de Villarejo por parte del naviero Ángel Pérez-Maura para evitar su extradición a Guatemala.
Según han informado fuentes jurídicas, ambos están citados ese día como investigados en una pieza de la que el magistrado Manuel García Castellón acaba de levantar el secreto de las actuaciones.
Sus citaciones se producen después de que el pasado día 8 fueran detenidos por Pit el propio Pérez-Maura y su hermano Álvaro, así como el empresario Adrián de la Joya, el CEO de la naviera catalana Grup Maritim TCB, Francisco Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre.
Todos ellos quedaron en libertad bajo distintas fianzas de entre 200.000 y 750.000 euros, que abonaron la semana pasada.
A Pérez-Maura se le investiga por el pago de 10 millones de euros a Villarejo para evitar su extradición a Guatemala, que le acusa de sobornar en 2016 al gobierno guatemalteco con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB.
Esta última comisión se pagó supuestamente entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros.
Según la Fiscalía Anticorrupción, con ese soborno a los ex dirigentes guatemaltecos pretendían que la mercantil Grup Maritim TCB, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar la entrega de Pérez Maura en abril de 2016, que finalmente fue denegada por la Audiencia Nacional.
Contratación por 10 millones de euros
En la pieza se investiga también la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario Villarejo por parte de la mercantil A Pérez y Cia S.L., relacionada con el naviero, para tratar de impedir la extradición.
Con esa contratación el empresario quería, según la Fiscalía, obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.
Guatemala pidió la entrega de Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional, cuando denegó su entrega por ser de nacionalidad española, afirmó que en España solo se le puede investigar por este último delito y abrió la puerta para poderle enjuiciar en territorio español.
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