A falta de diez días para que Pedro Sánchez envíe el borrador de los Presupuestos a Bruselas, el líder de Podemos reúne en Madrid a la cúpula del partido morado para analizar la estrategia de colaboración con el Gobierno para impulsar las cuentas públicas de 2019. Pablo Iglesias no se ha pronunciado a lo largo de toda la semana sobre el ultimátum del presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre la retirada del apoyo al Gobierno si Sánchez no plantea los términos de un referéndum de autodeterminación en el plazo de un mes.
"El independentismo dejará de dar al presidente Sánchez cualquier tipo de estabilidad en el Congreso a partir de noviembre", amenazó el jefe del Govern. El último giro de su estrategia desató una tormenta política que ha llevado a la división de posturas en las propias filas independentistas. Al margen de la pelea en el Parlament por el voto delegado de los diputados que permanecen huidos de la Justicia, desde ERC no comparten la decisión del presidente de la Generalitat. "Por los diputados de Esquerra en Madrid sólo hablan los diputados de Esquerra en Madrid", llegó a advertir Gabriel Rufián.
El Gobierno central necesita los votos de ambas formaciones catalanas independentistas y de los nacionalistas vascos del PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2019. Además de los 67 diputados de Unidos Podemos y los de Compromís, Sánchez necesita volver a armar la aritmética parlamentaria que hizo triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Los intereses de Podemos pasan precisamente por aprobar unas cuentas públicas que permitan demostrar que el engranaje con los socialistas funciona para implementar medidas de carácter social mediante una reforma del sistema fiscal. Sobre todo, de cara a una futura convocatoria electoral. Pero es en este último punto en el que la negociación presupuestaria más se está dilatando.
El grupo confederal comenzó negociando en agosto su apoyo a una nueva senda de déficit, que hoy por hoy es imposible aprobar. Pero ante el bloque de PP y Ciudadanos al cambio de la Ley de Estabilidad, las conversaciones acabaron derivando en una negociación sobre las cuentas públicas para 2019.
En cambio, la inestabilidad en Cataluña y las amenazas de Torra sobre la estabilidad en el Congreso hacen que cada día suene con más fuerza el rumor de un adelanto electoral. La voluntad de Iglesias es sostener a Sánchez en La Moncloa hasta el final natural de la legislatura en 2020. Pero en la reunión de este viernes con la cúpula de su partido también analizará la estrategia desplegada con los socialistas.
En las filas moradas confían en tener un acuerdo cerrado antes de que a mediados de mes el Gobierno envíe a las autoridades europeas el borrador de las cuentas. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló este jueves durante su comparecencia en el Senado que su Departamento está a punto de cerrar un "gran acuerdo" con Podemos para mejorar la financiación de las Comunidades Autónomas. "Ya hay material" para hacer un pacto, sentenció.
Podemos ha hecho públicas sus demandas públicamente a lo largo de los últimos meses. Y pone por delante llegar a acuerdos para controlar el aumento de los precios del alquiler; subir el Salario Mínimo a 1.000 euros; implementar una Ley de Dependencia "digna"; frenar el auge de las casas de apuestas y la ludopatía; poner límites a la factura de la electricidad.
También plantea diversas medidas fiscales como el impuesto a la banca o a las transacciones financieras; reformar el Impuesto de Sociedades (con un mínimo del 15% para grandes empresas); reformar del IRPF para aquellas personas con rentas superiores a los 120.000 euros; acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia en el impuesto de bienes inmuebles (IBI); implantar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, con un tipo del 1 % sobre el patrimonio de aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros. Unas medidas que, según sus cálculos, aportarían más de 10.000 millones de euros al año a las arcas públicas.
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