Pablo Iglesias está decidido a no dar marcha atrás en su propuesta sobre la renta mínima temporal por la crisis del coronavirus. El modelo que propone se basaría en ayudas desde 430 hasta 500 euros para personas sin recursos y con una duración de hasta tres meses. Pero en el partido morado reconocen que habrá resistencias por parte de otros representantes de los ministerios controlados por los socialistas. Concretamente (y no es la primera vez), con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y también por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Iglesias lanzó su propuesta de manera atípica el pasado jueves. La Cámara Baja todavía estaba debatiendo la prolongación del estado de alarma hasta el 26 de abril, que adelantó Vozpópuli, y Calviño intervenía en el hemiciclo antes de hablar con sus homólogos europeos sobre las ayudas de la UE, cuando Iglesias filtró que había llegado a un preacuerdo con sindicatos, oenegés y sectores empresariales para aplicar la renta mínima temporal o “puente” que ayudara a los más desfavorecidos.
"Hay que intervenir ya"
El razonamiento que esgrimen los miembros de Podemos es el siguiente: “La renta mínima vital que incluimos en el programa de coalición con el PSOE, y en el que estamos trabajando con el ministro Escrivá (Seguridad Social), tardará tiempo, meses, en ver la luz. Ahora es necesario que el Estado intervenga ya con ayudas a los que lo están pasando mal. Personas que no llegan a fin de mes o que directamente no tienen dinero para comprar la comida”.
En el razonamiento de Iglesias sobrevuela un fantasma. Es el fantasma de la crisis de 2008: el crack financiero que llevó a reconsiderar los postulados de la izquierda socialdemócrata de los noventa y sobre cuyas cenizas surgieron movimientos y nuevos partidos antisistemas en los países europeos. Podemos nació como respuesta a la crisis de esa izquierda reformista y ahora no quiere que el coronavirus, como nuevo cleavage (línea de fractura, en francés), se cebe con ellos.
“Haremos todas las presiones de las que somos capaces [para aprobar la renta mínima]”, resumen fuentes de Podemos en conversación con Vozpópuli. Es el nuevo objetivo principal de Iglesias, después de haber reculado en la vuelta al trabajo para miles de empleados de la industria y la construcción, tras una pelea interna de una semana.
Podemos elevará sin duda ese tema en el debate del Consejo de Ministros del próximo martes, aunque es consciente de que faltará tiempo para el anuncio oficial. De hecho, Iglesias esperaba que la renta mínima pudiera aprobarse en el Consejo de Ministros del martes de la semana pasada. Ahora no quiere perder más tiempo. Sabe que enfrente se encuentran Calviño y Montero, más reacias a dar ese salto por el miedo a tensar demasiado la cuerda en un momento de máxima fragilidad de la economía. Y que a ellas se ha sumado el ministro Escrivá.
Miedo a la deuda
Todas las miradas están puestas en cómo reaccionarán los mercados de la deuda al pacto del Eurogrupo del pasado viernes y añadir más tensión podría ser contraproducente. El coste previsto para la renta mínima vital alcanzaba los 10.000 millones de euros: es el 0,7% del PIB, y los más ortodoxos temen que sea excesivo para una situación de casi recesión.
El entorno de Escrivá, el otro ministro involucrado en la definición de la renta mínima vital, se había puesto de perfil, pero este lunes ha lanzado mensajes en los que ha descartado que se apruebe. Sus técnicos trabajan contra reloj en la medida “completa” (no la temporal), pero saben que faltan flecos por cerrar. Los de Iglesias aseguran que en la reunión del jueves el ministro manifestó su aprobación (que llegó después de que Íñigo Errejón comentara algo parecido en el Congreso dos horas antes), pero es cierto que Escrivá desconocía el alcance de la iniciativa y su anuncio.
Decide Sánchez
La decisión, como siempre, está en las manos de Sánchez. El presidente del Gobierno se empeña casi cada semana en asegurar a Iglesias la fidelidad de su compromiso como aliado de gobierno. Y esta vez podría decantar la balanza a su favor. De ello están convencidos en el partido morado, donde creen que en la negativa de Calviño y Montero, más allá del debate sobre la deuda pública, intervienen factores personales.
El anuncio de Iglesias no gustó a las dos ministras más activas en reducir el protagonismo de los morados, y para algunas fuentes gubernamentales su frenazo a la renta mínima “puente” formaría parte de la táctica política para evitar que Podemos se fortalezca a nivel de imagen pública.
Sea como fuere, el debate económico en el Gobierno está al rojo vivo. Iglesias no quiere bajar la cabeza. Tuvo que ceder con la prohibición del despido, que en realidad fue un encarecimiento, pero no un veto, con el decreto sobre los alquileres, que se resolvió con créditos y no ayudas directas del Estado, y con la vuelta al trabajo de la industria y la construcción. En el cuartel del partido morado aseguran lealtad al Ejecutivo, pero sobre el salario mínimo “puente” o temporal no darán su brazo a torcer.
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