La justicia es igual para todos hasta que Pedro Sánchez necesita apoyos para gobernar. La pasada legislatura cambió de opinión sobre la concesión de indultos y anuló la condena de nueve de los líderes independentistas que organizaron la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017. Una medida de gracia ampliada este año a casi 500 personas -según estimaciones de la Fiscalía- con la ley de amnistía -que además del perdón del delito conlleva el olvido del mismo-.
No importa que se haya utilizado dinero público para romper con el Estado español; ni haber golpeado y herido a policías; ni haber paralizado un aeropuerto y las vías ferroviarias; ni haber vandalizado bienes públicos; cualquiera de estos delitos, perpetrados bajo la bandera del secesionismo, tienen el perdón del Gobierno de Sánchez. Y no por su condición de independentistas, sino por la existencia de una necesidad particular del presidente del Ejecutivo.
La facilidad con la que Sánchez concede la medida de gracia a sus aliados secesionistas contrasta con lo que restringe su concesión al resto de ciudadanos españoles. Según los datos del Ministerio de Justicia consultados por Vozpópuli, el Gobierno socialista ha rechazado desde 2019 un total de 16.176 indultos. Se trata del Gobierno que menos indultos concede en la historia democrática de nuestro país.
Porcentualmente, el Ejecutivo de Sánchez concede la conmutación de la pena al 0,08% de los ciudadanos que lo solicitan. En el segundo semestre de 2023, cuando ya había prometido la ley de amnistía a Junts y ERC, no concedió ni un solo indulto de los 1.039 solicitados. En el primer semestre del pasado año, apenas concedió 11, denegando 1.355. Lo que supone que el mismo año en que empezó a desarrollarse la ley de amnistía el Gobierno concedió solo el 0,45% de los indultos que se solicitaron.
De los 11 indultos concedidos en 2023, 8 corresponden a delitos de Patrimonio, 2 contra la Salud Pública y 1 contra la Seguridad Vial. Otro de los indultos que figuraba en las quinielas políticas -junto al de los separatistas- es el del expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión los delitos de prevaricación y malversación de caudales público por el caso de los ERE. Un indulto que, como avanzó este periódico, se está gestionando por la puerta de atrás Tribunal Constitucional mediante.
Esta palpable desigualdad de trato entre españoles no ha sido percibida como tal por el Defensor del Pueblo. La institución que preside el socialista Ángel Gabilondo no percibió motivo alguno para recurrir la ley de amnistía por inconstitucional ni porque suponga una ruptura de la igualdad de los ciudadanos. "La situación de hecho de los posibles beneficiados por la amnistía, representantes populares, ciudadanos y empleados públicos, que cometieron delitos en un contexto determinado no es objetivamente igual a la de otras personas que también incumplieron las leyes pero sin ese vínculo con el contexto citado y que quedan fuera del ámbito de la ley", afirma.
Indultos ideológicos
Desde que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa gracias a sus sucesivos gobiernos de coalición, se han concedido indultos por razones de estrategia política -procès- y también ideológicos. Uno de los que mejor ejemplifica este último grupo tuvo lugar en 2022. Aquel año, de los 3.372 indultos tramitados solo se concedieron 16, uno de los cuales fue a parar a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla Sánchez, por un delito de sustracción de menores. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, fue condenada a pagar 18.000 euros a su exmarido, precisamente, por llamarlo maltratador.
En 2022, el Ejecutivo otorgó la medida de gracia a 46 afortunados, el 20% de los cuáles fueron los condenados del procès; Oriol Junqueras; Raül Romeva; Jordi Turull; Dolors Bassa; Carme Forcadell; Joaquim Forn; Josep Rull; Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. De los indultados, estos condenados contaban con la pena más alta: trece años por un delito de sedición y malversación. Delitos que Pedro Sánchez eliminó del Código Penal (en el caso de la sedición) o rebajó (en el de la malversación).
Aquel año también se produjo un indulto por motivos ideológicos. Se trata de Juana Rivas, condenada a más de dos años de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido y sacarlos de Italia, donde residía el padre. No corrieron la misma suerte que ella o los líderes separatistas 3.427 españoles a lo que el Gobierno negó el indulto.
Menos indultos que Rajoy, Zapatero y Aznar
Sánchez no se caracteriza por ser el presidente más empático. Al menos, en lo que a concesión de indultos se refiere. Su Ejecutivo apenas ha concedido 140 desde 2019. Una cifra muy alejada de la de su antecesor, Mariano Rajoy, que otorgó 970 medidas de gracia en casi el mismo tiempo.
El gurú de Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, concedió 22 veces más indultos: hasta 3.160 indultos entre 2005 y 2011. José María Aznar lidera el ranking de forma indiscutible con 6.452 indultos.
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