El plan de ajuste diseñado por el Ministerio de Hacienda para cuadrar el Presupuesto de 2017 ha levantado ampollas en el Gobierno y en el PP. La titular de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, rechaza el impuesto que gravará las bebidas azucaradas, han informado a Vozpópuli fuentes conocedoras del enfrentamiento. Tejerina cree que esa medida causará un enorme perjuicio al sector agrícola, concretamente al remolachero-azucarero, y además no servirá para conseguir los dos objetivos que se fija: cambiar a mejor los hábitos alimenticios de la población y aumentar la recaudación de Hacienda.
Este impuesto forma parte del paquete de propuestas con el que Cristóbal Montoro pretende cumplir el objetivo de déficit del año que viene al tiempo que granjearse el apoyo de otras fuerzas políticas a los Presupuestos. Junto a ello, plantea una reforma del Impuesto de Sociedades que elimine exenciones y deducciones a las grandes empresas y una subida de los impuestos especiales que gravan al tabaco y al alcohol de alta graduación. También redoblará la lucha contra el fraude con iniciativas como limitar a mil euros los pagos en efectivo.
Tejerina hace suya la postura del sector agrícola, que considera “ilógico poner puertas al campo” y cree que la medida fracasará en el intento de “provocar hábitos más saludables”. Son palabras de Carlos Rico, presidente de la Cooperativa ACOR, que agrupa a más de 5.000 socios agropecuarios de Castilla y León y tiene una presencia especialmente importante en los sectores de producción y comercialización de azúcar. Rico asegura que el Gobierno busca un “chivo expiatorio” para justificar la decisión, que supondrá otro golpe para un sector “que ya lo está pasando muy mal” como es el de la remolacha. Y es que en 2017 se efectuará la liberalización de este mercado en la UE, acabando con las cuotas de producción de las que hasta ahora se beneficiaba España.
Juan Vicente Herrera cree que "no tiene ningún sentido" el nuevo gravamen ideado por Montoro
El presidente de ACOR -en el top ten de cooperativas españolas por facturación- hizo estas declaraciones el miércoles, poco después de que trascendieran las intenciones del Ejecutivo. Habló desde la planta azucarera que su compañía tiene en Olmedo (Valladolid), donde le visitó el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. El barón del PP se mostró aún más crítico con la decisión de su compañero Montoro, que tildó de “disparate”: “No podemos consentir que se nos pongan palos en las ruedas”.
Herrera resaltó los daños que el impuesto provocará al colectivo remolachero y negó que vaya a suponer un gran desahogo para las arcas públicas. “Si el objetivo es recaudatorio, no tiene ningún sentido”, pues en su opinión reduciría el consumo y, por ende, los ingresos. ¿Tampoco mejoraría los hábitos de la población? “El azúcar es un producto saludable. (…) Lo lógico es incentivar los consumos responsables, de forma saludable, tanto del vino como del azúcar”, respondió.
Posición compartida
“Se trata de una posición compartida en el PP de Castilla y León”, informan fuentes del partido en esta comunidad a Vozpópuli. La región “produce 420.000 toneladas de azúcar al año”, argumentan, y la administración “debe proteger” al sector y a quienes viven de él. García Tejerina, originaria de Valladolid, ha asumido la campaña del rechazo al impuesto dentro del Ejecutivo, aunque carezca de margen para tumbarlo. Montoro ha hecho malabarismos para alumbrar un plan que pueda dejar el déficit en el 3’1% en 2017 sin incluir medidas que espanten a Ciudadanos, PNV y PSOE, partidos con los que se tiene que entender el PP para ir superando etapas hacia la aprobación del Presupuesto.
De momento, el enfrentamiento más explícito le viene de sus propias filas y de los colectivos afectados. El sector remolachero-azucarero difundió este jueves un escrito firmado por todas sus asociaciones (AGFAE, Azucarera, ACOR, Asaja, COAG, UPA y la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha) para manifestar “su oposición” a la iniciativa. No está demostrado, afirman, que gravar las bebidas azucaradas sirva “para racionalizar el consumo, promover una alimentación más saludable y prevenir la obesidad”.
El sector afectado subraya que no está demostrado que una medida así sirva "para racionalizar el consumo y prevenir la obesidad"
Lo mismo hizo la jornada anterior la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), cuyo director general es el ex secretario de Estado de Medio Rural y Agua con Zapatero, Josep Puxeu. Anfabra mostró su “total disconformidad” con la medida a través de un comunicado en el que afeó al Gobierno que tome la decisión sin hablar “con los sectores afectados y de forma sorpresiva”. La asociación cree que el impuesto perjudicará “la recuperación del consumo”, es “injusto y discriminatorio”, afecta “especialmente a las clases con menos recursos” y no servirá “para resolver problemas de salud ni para cambiar hábitos de consumo”.
Estos gravámenes, a su juicio, “rompen con el principio de que no existen alimentos buenos o malos, ya que la clave pasa por dietas equilibradas”. Idéntica opinión han mostrado colectivos que agrupan a otros fabricantes, distribuidores y supermercados. La Organización de Consumidores Usuarios (OCU) está en sintonía con ellos, pues tiene “poca confianza en este tipo de medidas, las cuales entiende que solo sirven para recaudar más impuestos sin atender en realidad al supuesto objetivo de mejora de salud de los consumidores”. El impuesto a las bebidas azucaradas o carbonatadas “solo incrementará unos pocos céntimos cada envase, y además lo recaudado no se invertirá en campañas para la promoción de hábitos saludables”, indica la organización.
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