El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha iniciado un nuevo camino en la instrucción de la denominada Operación Nelson por la que están imputados el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que permanece en prisión desde hace más de un año, y el secretario general del pseudosindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad, que abandonó la prisión en diciembre pasado tras abonar una fianza de 50.000 euros.
El instructor ha investigado hasta el momento a 18 personas físicas, y ahora trata de determinar si las personas jurídicas de la trama de extorsión a bancos y otras empresas, principalmente Ausbanc y Manos Limpias, deben ser imputadas en virtud del artículo 31 bis del Código Penal, que permite acusar de delitos a las sociedades y formaciones políticas.
El banco que más pagó a Ausbanc fue Santander, un millón de euros al año aproximadamente. Sólo BBVA, Caja Madrid, Credit Services y Novagalicia denunciaron la presunta extorsión.
"Responsabilidad penal"
Según Pedraz del contenido del último informe de la UDEF "se infiere la concurrencia de los requisitos previstos [...] para decretar la responsabilidad penal de las personas jurídicas Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y Asociación de Usuarios de Servicios Financieros por los hechos que se investigan en estas diligencias previas", especifica una providencia del pasado 29 de mayo, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El instructor considera que en el caso de Ausbanc concurren los requisitos para implicar a esta firma, ya que el principal directivo de la misma, Luis Pineda, está acusado de cometer un delito actuando en nombre de la persona jurídica.
"Así, indiciariamente se aprecia que Luis Pineda, principalmente, por su posición directiva superior y en similar grado otros investigados, tenían pleno conocimiento del modo de actuar de Ausbanc respecto de la utilización de los procedimientos judiciales en los que intervenía, para obtener un beneficio económico de las entidades demandadas a través del establecimiento de convenios publicitarios, patrocinios u otros servicios prestados por Ausbanc o sus sociedades vinculadas", completa Pedraz en la providencia de 29 de mayo.
Pineda "creó un complejo entramado empresarial con la finalidad de obtener un lucro personal y ocultar la procedencia de ese beneficio"
El instructor asegura en su resolución que Pineda "creó un complejo entramado empresarial, vinculado a las actividades de Ausbanc, con la finalidad de obtener un lucro personal, y de ocultar la verdadera procedencia de ese beneficio".
Pedraz también alude a las presuntas actividades delictivas de Manos Limpias, ya que según sus conclusiones, Ausbanc utilizó a la organización dirigida por Miguel Bernad "con el fin de presionar a determinadas personas, con la clara intención de llegar a algún tipo de acuerdo beneficios, personándose como acusación popular bajo el amparo del sindicato, y conseguir así acuerdos de colaboración publicitaria".
Connnivencia de Bernad
"Para ello", prosigue la providencia del instructor de la Operación Nelson, Pineda "contaba con la connivencia de Miguel Bernard, que cuando menos, y en esta fase de instrucción, podría haber actuado a modo de cooperador necesario con Luis Pineda para esos fines ilícitos".
La decisión de Pedraz de iniciar la investigación para imputar a las empresas y a Manos Limpias se produce poco después de que el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid declarara el concurso voluntario de cuatro sociedades dependientes de Ausbanc, la asociación dirigida por Luis Pineda. En concreto, han sido declaradas en concurso la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Consumidores de Madrid Ausbanc; la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros Ausbanc Empresas; la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Ausbanc España; y El Club de la Vida Buena Ausventura.
La declaración de los concursos de las firmas de Luis Pineda se produjo prácticamente cuando se cumplía un año de la intervención de Ausbanc. El 15 de abril de 2016 la UDEF detuvo a Pineda y otras doce personas, entre ellas a Miguel Bernad, por crear una red dedicada presuntamente dedicada a la extorsión de entidades bancarias, empresas e instituciones a cambio de no iniciar causas judiciales contra ellas o retirar demandas ya presentadas en los tribunales.
En este sentido, el pasado 16 de mayo el juez rechazó en una providencia la pretensión de la empresa Creditservices del "perjudicado" Francisco Javier López Pérez de que Pineda consignara una fianza de 600.000 euros, que es la cantidad que le reclama en un juzgado de Barcelona.
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