Muface afronta el mes más decisivo para su supervivencia. El futuro de la sanidad de miles de funcionarios dependerá del convenio que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ahora en manos de Óscar López, presentará a principios de octubre. Ese documento será el anzuelo que las aseguradoras morderán si están conformes con las primas y prestaciones ofrecidas. Si el modelo no se financia lo suficiente, la sanidad privada puede optar por no seguir ofreciendo sus servicios a los mutualistas, algo que está sobre la mesa y que supondría la muerte de facto de Muface.
Ahora mismo son tres las aseguradoras que prestan sus servicios en Muface: Adeslas, Asisa y DKV. Las pérdidas acumuladas por los servicios que prestan en la mutualidad de funcionarios ronda los 200 millones anuales. Fuentes del sector señalan a Vozpópuli que la incapacidad de Pedro Sánchez para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) -algo que dan por hecho en Moncloa- puede inclinar la balanza en contra el futuro de Muface.
La mutualidad requiere de una inyección financiera urgente, algo que se complicaría si se prorrogan los presupuestos. "La inexistencia de unos nuevos PGE puede ser la excusa del Gobierno para no mejorar la financiación de Muface", afirma a Vozpópuli un alto cargo de una de las aseguradoras que ofrecen servicio a Muface.
La prima media del mutualista es de 1.013 euros, 723 menos que la correspondiente en el régimen general de la seguridad social. Este desajuste está ahogando financieramente el modelo Muface, que ofrece asistencia a un colectivo cada vez más mayor en un entorno de inflación de costes.
La llegada de Óscar López, nueva dificultad
A la más que probable prórroga de los PGE hay que sumar una nueva dificultad para la redacción de un concierto sanitario con el que estén conformes las aseguradoras, y es la llegada de Óscar López al Ministerio de Función Pública. Los movimientos de peones en el gabinete de Pedro Sánchez tienen una consecuencia directa en este factor. Al acabar de tomar las riendas del Ministerio, López no ha participado en las reuniones del Consejo General de Muface y no está al tanto de las demandas de los sindicatos ni de los proveedores sanitarios.
"Aunque el dinero depende de María Jesús Montero como ministra de Hacienda, estas cosas siempre trastocan", afirman desde una de las aseguradoras.
Los plazos del Gobierno... y de las aseguradoras
No puede pasar octubre sin que el Ejecutivo presente su propuesta de concierto sanitario. Según algunos medios, Función Pública está barajando ofrecer un convenio de dos años con una subida de prima del 24% para 2025 y del 1% para 2026. Esta subida total del 25% es insuficiente para las aseguradoras, como aseveró la Fundación IDIS, que agrupa a los principales actores de la sanidad privada (tanto grupos hospitalarios como aseguradoras).
Las aseguradoras tienen octubre para decidir en sus consejos de administración si deciden seguir adelante en Muface, y en noviembre firmarán el convenio los que estén de acuerdo con las condiciones puestas por el Ejecutivo de Sánchez.
Una de las que parece más determinada a abandonar el modelo si no se producen cambios es DKV, que hace año defendió que la subida debe ser de un 40% como mínimo. Su marcha, según aseguran voces de otras aseguradoras, podría provocar un efecto cascada que supusiese el abandono del resto de proveedores sanitarios. "Si se marcha una aseguradora, los mutualistas a los que atendía repercuten en las demás. En un contexto como el actual, en el que se pierde dinero en Muface, las aseguradoras no querrán atender a más pacientes por esta vía", explican desde una de las mutuas.
En el sector creen que o la mejora es contundente, o no será fácil convencer a los consejos de administración de que "merece la pena perder 200 millones anuales. Eso es injustificable".
Consecuencias del fin de Muface
La pérdida de Muface supondría un duro golpe para la sanidad pública. Según el estudio elaborado por la Universidad Complutense en colaboración con la patronal de la sanidad privada (ASPE), absorber la asistencia a los mutualistas por parte de la pública provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y un 115% en cirugías. El aumento de la presión asistencial llevaría a una situación de colapso a algunas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla y León o La Rioja.
El coste de asumir a los mutualistas supondría otros 1.214 millones de euros anuales más de gasto para las arcas públicos. Además, el IDIS estima una pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado.
