La comisión de investigación sobre la financiación del PP se convertirá en un auténtico calvario para el partido en el Gobierno. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos aprobarán su constitución el 21 de marzo, se conformará oficialmente unas semanas después y se pondrá en marcha cuando la agenda parlamentaria lo permita. Presumiblemente, después del verano. Entonces, comenzarán a desfilar por el Congreso buena parte de los principales dirigentes y exdirigentes del PP para explicarse por las cuentas del partido y la presunta caja B que podría haber operado en Génova durante años.
José María Aznar, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Francisco Camps y todos los tesoreros nacionales que ha tenido el partido en los últimos 25 años son algunas de las comparecencias que fuentes parlamentarias dan por seguras. "Van a venir todos esos y más", indicaba este jueves un diputado que ha participado en la negociación PSOE-Podemos-Cs para tramitar la comisión. Lo que se descarta por completo es pactar con el PP enmiendas para que el órgano amplíe el foco a la financiación de todos los partidos, como reclama Rajoy.
Las dudas que podían quedar al respecto las despejó ayer Antonio Hernando, portavoz socialista en el Congreso. "Como el Partido Popular es el único que tiene abiertos muchos sumarios y muchas personas procesadas e imputadas en relación con la corrupción y la financiación ilegal, votaremos en contra de esas comisiones", indicó sobre las iniciativas tramitadas por el PP la víspera. Hernando no dio ni una opción a negociar con los populares una solución de consenso en este punto: "El Parlamento tiene que conocer hasta sus últimas consecuencias este tema" de la financiación de Génova.
Cs considera una "broma de mal gusto" la propuesta del PP de diluir la investigación sobre sus cuentas en una comisión genérica sobre la financiación de todos los partidos
Habrá un órgano en el Congreso dedicado durante al menos seis meses a indagar única y exclusivamente la financiación de los populares. Esta es una determinación compartida e innegociable para los promotores de la comisión. Desde Ciudadanos se calificaba el miércoles de "broma de mal gusto" la propuesta del PP de llevar la investigación al Senado y dedicarla a todas las formaciones. Lo rechazan de plano. Además, consideran que su reacción es fruto de un "ataque de orgullo" que acabará pasando. Podemos no se cierra a apoyar que se investigue al conjunto de los partidos, pero también apuesta por hacer un aparte con la de Génova.
Comparecencias de empresarios
Los partidos se resisten todavía a detallar públicamente las comparecencias y la documentación que pedirán cuando arranque la comisión, y solo admiten genéricamente que tendrán que explicarse los grandes prebostes del PP, como los citados. "Por esa comisión de investigación tendrá que pasar cualquier persona que pueda ayudarnos a esclarecer las responsabilidades políticas" de la presunta caja B, señaló Antonio Hernando ayer en declaraciones desde el Congreso . "Van a ser muchos los dirigentes del PP que van a tener que dar explicaciones, muchos, todos los que nos tengan algo que decir", siguió.
Además de los políticos populares, es muy probable que sean convocados los responsables de grandes constructoras y otras empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes del partido de Rajoy. La Justicia investiga si los movimientos allí anotados se produjeron realmente y si son constitutivos de delito, algo que la oposición da por hecho. Consideran que hubo dádivas a cambio de adjudicaciones y que se repartieron entre la caja B de Génova y los responsables del partido vía sobresueldos. Sobre todo ello preguntarán a los comparecientes, que están obligados por ley a acudir a la comisión de investigación si son citados.
Además de las cuentas de Génova, la oposición fiscalizará las de las ramas autonómicas del PP en Valencia, Madrid o Baleares
No solamente se analizarán las cuentas nacionales, sino también las de algunas autonomías bajo sospecha, como Baleares, Valencia o Madrid. De ahí que Aguirre y Camps vayan a ser otros de los protagonistas. El PP podrá condicionar algo el desarrollo de las sesiones, gracias a su condición de primer partido del Congreso, pero tiene imposible neutralizar los propósitos de la oposición si esta actúa de forma coordinada, como parece claro que hará.
Contraprogramar en el Senado
Lo que sí está en su mano es contraprogramar esa actividad con iniciativas de similar repercusión en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. El primer paso para hacerlo lo dieron el miércoles -registrando la comisión sobre la financiación de todos los partidos-, y ahora están a la expectativa de los acontecimientos.
El PP tiene la firme voluntad de ir "hasta el final" en esta batalla parlamentaria contra la oposición. Fuentes del Grupo Popular informan de que su intención es "pactar una única comisión que analice la financiación de todos y aporte conclusiones constructivas, con propuestas para evitar la corrupción", pero no se quedarán de brazos cruzados si PSOE, Podemos y Ciudadanos se ratifican en su intención de aprobar una "comisión de investigación contra el Partido Popular", como la definió el miércoles Rafael Hernando.
Los populares están dispuestos a contraprogramar la actividad de esa comisión con iniciativas de similar repercusión en el Senado, donde tienen mayoría absoluta
El PP "va muy en serio" y no lanzó "ningún farol" al responder así a la entente tejida entre Albert Rivera y la izquierda, un gesto que el portavoz parlamentario popular tildó de "enorme deslealtad" y al cual trató de restar importancia ayer el presidente del Gobierno. Si dentro de dos semanas desoyen la petición del PP y aprueban en pleno la comisión tal cual la registraron el miércoles, los de Rajoy responderán en la Cámara alta. No solo eso: intentarán atraer el foco hacia allí con un calendario de trabajo paralelo de idéntica relevancia mediática al de la comisión de la caja B.
Con palabras similares a las que empleó el miércoles, Rafael Hernando se reafirmó este jueves en sus sospechas sobre "cómo se ha financiado Podemos con el dinero de Irán o Venezuela" o "cómo se han financiado algunos usando maliciosamente el dinero de los grupos municipales que servían para que otros hicieran campañas electorales por todo el país" -en referencia a Ciudadanos-. Sobre todo eso y muchos asuntos más pondrán los populares la lupa en el Senado si la oposición hace lo mismo en el Congreso con la caja B de Génova.
El 10 de mayo de 2016, Podemos propuso al PSOE presentar listas conjuntas en las elecciones a la Cámara alta. Fue una iniciativa que los socialistas rechazaron de plano -"no, gracias, este es un partido autónomo"-, pero que podía haber cambiado la correlación de fuerzas donde el PP tenía y tiene una cómoda mayoría absoluta. Pedro Sánchez no quiso arriesgar con una operación que tendría escasos efectos prácticos en una Cámara de segunda lectura, con papel testimonial en la tramitación legislativa y limitados recursos políticos. Los que tiene, en cambio, pueden jugar un rol decisivo en esta legislatura tan singular donde el partido en el Gobierno no controla ni de lejos el Congreso. Rajoy está dispuesto a demostrar que, bien explotado, el Senado puede valer de mucho.
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