La candidatura de Puigdemont permanecerá suspendida cautelarmente por el Constitucional hasta que, en marzo, sea inhabilitado por el Supremo, lo que hará imposible que pretenda ser president, según han informado a Efe distintas fuentes de cada uno de los dos tribunales.
Según las fuentes del Constitucional, este tribunal mantendrá la suspensión cautelar de la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat durante el mes de marzo.
En ese mes, según fuentes del Supremo, un previsible procesamiento y orden de detención contra él por parte de este otro tribunal, podría inhabilitarlo para acceder al cargo.
Según las fuentes del primero de los dos tribunales, el Constitucional prevé admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont, aunque no necesariamente por unanimidad. Y dicha admisión supondrá prolongar la medida cautelar de suspensión de la candidatura, adoptada provisionalmente por el alto tribunal el pasado día 27 de enero.
El momento para que el Constitucional tome la decisión de admitir el recurso será, en función de los trámites necesarios, en marzo, aunque este plazo podría alargarse, según estiman las citadas fuentes.
Durante ese período, y por orden del TC, Puigdemont no podrá ser candidato telemático ni comparecer ante el Parlament sin permiso judicial.
Pero entre tanto, podría llegar otra decisión que allanaría el camino al TC: el magistrado Pablo Llarena podría inhabilitar a Puigdemont.
El juez que investiga el "procés" hacia la Declaración Unilateral de Independencia en el Supremo, Pablo Llarena, prevé dictar autos de procesamiento, probablemente por los delitos de rebelión, en la segunda quincena de ese mes de marzo. Esos autos afectarán, entre otros, al expresident Carles Puigdemont.
Los autos de procesamiento no determinarán necesariamente que Llarena finalice su instrucción (lo que sucederá cuando abra juicio oral), pero sí fijarán los delitos, cuyas penas serán superiores a los nueve años (por rebelión).
Dichos autos serán firmes, muy probablemente, en la semana siguiente, a finales de marzo, cuando sean sometidos a recurso frente a la Sala del Supremo que revisa la instrucción del caso, según han confirmado fuentes del alto tribunal a Efe.
Al mismo tiempo, la orden de detención internacional para los fugados en Bélgica, empezando por Puigdemont, será inmediata y por los delitos ya sustentados en esos autos.
Ello conllevará la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Puigdemont, en función de lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esta norma dice que una vez sea firme el auto de procesamiento por delitos entre los que se cuenta la rebelión y una vez sea decretada la prisión provisional, "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido"
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