La investigación de la juez Beatriz Biedma al hermano de Sánchez revela que Hacienda no le ha inspeccionado pese a no presentar IRPF desde 2021 "por no estar obligado", según sus declaraciones patrimoniales, y pretender ser residente fiscal en Portugal recibiendo un único salario de una entidad pública española, la Diputación de Badajoz.
Tampoco ha llamado la atención de la Agencia Tributaria (AEAT) que David Sánchez haya cobrado de la Diputación de Badajoz 261.154,6 euros entre julio de 2017 y diciembre de 2023 y haya elevado su patrimonio en 1,7 millones, con un sueldo de entre 48.000 y 55.500 euros. Su patrimonio ha pasado de 272.536,31 euros a al menos 2 millones de euros en este periodo.
La misma Hacienda que vigila los incrementos patrimoniales no justificados y que pone cada año en el punto de mira los cambios de residencia fiscal simulados en su Plan de Control Tributario. Conductas con las que además el Gobierno de Pedro Sánchez y la Hacienda de María Jesús Montero son especialmente beligerantes, con campañas como la que se dirigió contra los youtubers en Andorra.
Vozpópuli informó de que la causa judicial iba a obligar a Hacienda a retratarse. Que no había mirado nada era la sospecha de inspectores de Hacienda y fiscalistas, que ahora se confirma.
El inicio de la causa proporciona la prueba definitiva. Si hay una investigación sobre delito fiscal, la AEAT tiene que pasar tanto de culpa a la jurisdicción penal. Los inspectores están obligados a comunicar cualquier acto con consecuencias penales. Se deben al juez por prejudicialidad penal.
La instructora ha reclamado a Hacienda las declaraciones tributarias presentadas en los últimos cinco periodos impositivos por Sánchez y que traslade a la Justicia si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública. Del mismo modo se trata de averiguar si el aumento de su patrimonio respondiera a otros motivos que no fueran consecuencia directa de sus ingresos.
Es el "infonor patrimonial", en la jerga tributaria, el informe de la situación patrimonial de los investigados, una petición tan básica que es la muestra de que la AEAT no ha hecho nada. Si no fuera así, si el Fisco ya tuviera un proceso en curso, Biedma pediría información más concreta.
Precisamente, la juez de Badajoz que investiga una denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez ha admitido a trámite este lunes la querella del sindicato contra el músico. La instructora da luz verde a que litigue como acusación popular en el este procedimiento junto con el partido político Vox, pero ha dado el primer paso para que ambas se agrupen bajo una misma dirección letrada.
Así se desprende de la nueva documental incorporada a la causa, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el marco de la cual se actúa contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la diputación, Alejandro Cardenal, y David Sánchez Pérez-Castejón.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 admitió a trámite la denuncia el pasado 30 de mayo por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Desde entonces, la juez ha recabado documental de la Diputación de Badajoz y ha requerido a la UCO de la Guardia Civil y de Hacienda para que investiguen todo lo relativo al patrimonio del hermano del presidente del Gobierno.
La AEAT va a tener que colaborar en auxilio judicial y pronunciarse sobre si Sánchez ha incurrido en delito o infracción fiscal y si aprecia incremento patrimonial no justificado y blanqueo.
La juez ha solicitado que averigüe si el hermano de Pedro Sánchez, músico de profesión, tiene su residencia fiscal en España o Portugal así como el periodo en que habría realizado el cambio de residencia al país vecino. Del mismo modo, solicita al Fisco que averigüe si su residencia en Portugal "sería compatible con su condición de funcionario público".
La denuncia determina que David Azagra (nombre artístico) tendría un patrimonio valorado en unos dos millones de euros, lo que se consideraría desproporcionado con el contrato laboral que ostenta. "Se afirma que no ha satisfecho el IRPF ni el Impuesto del Patrimonio en los años 2021 y 2022", expuso la juez sobre la denuncia del sindicato.
La investigación judicial también se va a tener que enfrentar a otro enigma: los cheques de BBVA con los que el hermano de Sánchez pagó al contado su palacete portugués. El origen de los 240.000 euros que abonó, un misterio, como los 1,4 millones en acciones que posee, también de BBVA.
Los 240.000 euros que abonó al contado no se han detraído de los bienes y derechos que viene declarando ni de una herencia. Sánchez asegura no tener actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas además de su salario de 55.500 euros de la Diputación de Badajoz.
Nueva cúpula de la AEAT para tutelar la investigación
Esta unidad de auxilio judicial va a ser tutelada por la cúpula de la AEAT, recientemente configurada por afines al PSOE nombrados tras el cese fulminante de los responsables del informe explosivo sobre la trama Koldo, según avanzó Vozpópuli.
El 5 de febrero el BOE publicó una catarata de ceses y nombramientos en la AEAT. En su lugar, nombraba a inspectores que destacaron en la Hacienda de José Luis Rodríguez Zapatero. Este periódico puso el foco en los recambios y en su afinidad al PSOE. Entonces no era de dominio público la existencia de la trama, que estalló el 21 de febrero, cuando la UCO detuvo a Koldo García Izaguirre.
Entre los cesados, destacan el director de Inspección y número dos de la AEAT, Javier Hurtado, y la delegada Especial de la AEAT en Aragón, Paloma Villaró, responsables últimos del informe que recibió el juez. De hecho, en el sumario puede verse que los informes previos del Fisco eran estrictamente tributarios.
En los nombramientos publicados el 5 de febrero, se recuperó a Carlos Cervantes, director de Inspección entre 2004 y 2010, como delegado Central de Grandes Contribuyentes.
A Cervantes, próximo a Luis Pedroche, director de la AEAT entre 2004 y 2010, se le hizo responsable de la polémica gestión de la lista Falciani, en la que la Hacienda de Zapatero trató de exonerar a 659 españoles que ocultaban hasta 6.000 millones en cuentas opacas en la sede de HSBC en Suiza, entre ellos, la familia Botín.
El ahora flamante delegado Central de Grandes Contribuyentes vivió un viacrucis con su imputación en una querella criminal del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) por prevaricación y "trato de favor" entre febrero de 2013 y noviembre de 2017, que fue finalmente archivada. Cervantes defendió ante el juez su paternidad de la idea de no abrir inspecciones fiscales.
El delegado de Grandes Contribuyentes hasta la fecha, Manuel Trillo, ascendió a director de Inspección, puesto que implica ser el número dos de la Agencia y el que tenía Cervantes cuando fue cesado en 2010.
Los perfiles de Trillo y Cervantes son considerados afines, "con carnet del PSOE", y su promoción, entendida como una "jugada de ajedrez ultradefensiva" de la Hacienda de Pedro Sánchez por fuentes conocedoras.
El informe que costó el cargo a la cúpula anterior analiza la situación fiscal del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Lejos de quedarse en una enumeración de contingencias fiscales, incorpora una minuciosa explicación de la trama y de sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, con Globalia y su rescate, con el Ministerio de Transportes y con la Venezuela de Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero y apunta una explicación del 'Delcygate'.
