Semana de juzgados en la Comunidad de Madrid. El juzgado de instrucción número uno de Móstoles ha abierto juicio oral a la exalcaldesa del municipio, la socialista Noelia Posse, así como a otros ocho concejales del PSOE y Podemos que fueron parte de su Gobierno entre los años 2019 y 2023, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el 'caso ITV'.
Según el auto al que tuvo acceso El País, la Fiscalía ha solicitado para los once acusados una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Al margen de lo que decida la Justicia, Juan Lobato, cumpliendo su propio compromiso adquirido en 2023, trasladará a la comisión federal de garantías para, previsiblemente, suspender la militancia de todos los afectados y abrir un expediente que acabe con su expulsión del partido.
Algo que desde Más Madrid piden al propio portavoz del PSM. Cabe recordar que fue el partido de Manuela Bergerot el que en el mes de abril solicitó a la Audiencia de Madrid que procesara a Noelia Posse.
Así consta en un recurso en el que se impugnó el auto dictado el pasado 11 de abril por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles. Dicha resolución desestimó el recurso de reforma interpuesto por esta parte contra el auto en el que se acordaba la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado.
El partido entendió que debía incluirse en el auto de transformación el delito de malversación en caudales públicos, ya que consideraba que "no es cierto" que la Audiencia Provincial de Madrid haya limitado la calificación jurídica a sólo "los hechos subsumibles en el delito de prevaricación administrativo".
Ana Millán también bajo sospecha
Paralelamente al caso ITV, hoy hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias tras recibir el testimonio de la causa que investiga un juzgado de Navalcarnero contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid Ana Millán por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares.
Hace unas semanas, el juzgado hizo llegar a la Sala de lo Civil y Penal "bastantes cajas" de documentación (agendas, CD's, cuadernos, etc), el mayor volumen que se recuerda en los últimos años en esta sede judicial, según informan fuentes jurídicas. Lo hizo para que se procediera a la apertura de diligencias de ordenación por aforamiento.
En un auto dictado el pasado 2 de agosto, el Alto Tribunal madrileño abre las citadas diligencias y designa al magistrado Francisco Goyena para su tramitación. Así entiende que concurren suficientes indicios que hacen probable la comisión del delito de malversación de caudales públicos por unos hechos sobre los que han sido objeto de la instrucción desde el comienzo.
La jueza que instruyó el caso dictó el pasado mes de febrero un auto por el que acordaba continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados, entre ellos también un funcionario y un empresario.
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