Política

Muere a los 54 años el empresario Jorge Dorribo, condenado en el 'caso Campeón'

El fundador de los Laboratorios Nupel fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión y al abono de 6,2 millones de euros en concepto de multa por delitos contra la hacienda pública, fraude, falsedad, insolvencia contable y blanqueo de capitales

El empresario Jorge Dorribo, fundador de los Laboratorios Nupel y principal encausado en la denominada operación Campeón, un mediático proceso judicial que se siguió por fraude de subvenciones públicas y tráfico de influencias, ha muerto este jueves de manera repentina, y a los 54 años, en Barcelona.

Fuentes cercanas han informado de que el emprendedor lucense artífice de esa firma farmacéutica, en sus momentos gloriosos un gigante de la comercialización de medicamentos con sede en O Ceao (Lugo), se encontraba en Barcelona cuando le sobrevino la muerte, según parece a consecuencia de un fallo cardíaco.

En la mencionada causa judicial, Jorge Dorribo, padre de tres hijos, fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión y al abono de 6,2 millones de euros en concepto de multa por delitos contra la hacienda pública, fraude, falsedad, insolvencia contable y blanqueo de capitales.

Jorge Dorribo

Es la pena impuesta en una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo con fecha del lunes 20 de noviembre de 2017, la cual, además de a Dorribo, castiga a once personas más por complicidad y otras infracciones, entre ellas el exdiputado autonómico del PPdeG Pablo Cobián.

Qué es la operación Campeón

La operación Campeón, que tomó su nombre de una de las palabras que Dorribo solía emplear en sus conversaciones, las cuales sirvieron de prueba documental en la vista oral, sacó a relucir una trama corrupta de ayudas que benefició a Laboratorios Nupel, al maniobrar para obtener dinero de manera irregular, hasta el punto de que incluso se hizo con un crédito del Banco Europeo de Inversiones.

La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo. Dorribo no llegó a ir a la cárcel, al haber estado cuatro años en prisión preventiva y no tener antecedentes penales.

Este caso había llegado a salpicar incluso al en aquellas fechas ministro de Fomento, el socialista José Blanco, por la presunta comisión de tráfico de influencias precisamente por esos pinchazos telefónicos, pero finalmente no se apreció indicio alguno de tal práctica y el Tribunal Supremo archivó la causa en su contra.

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