La ruptura entre el exmajor Josep Lluís Trapero y el independentismo catalán es un hecho. Y esta separación se plasma en el escrito de defensa que el máximo responsable de los Mossos d'Esquadra durante el procés ha enviado a la Audiencia Nacional, órgano judicial en el que está procesado, y en el que se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel por parte de la Fiscalía.
En ese documento, con el que Trapero busca no ser condenado por un delito de rebelión, el exjefe de los Mossos señala al secretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda Josep Maria Jové Lladó, a quien acusa de haberle pedido protección frente a la Policía y la Guardia Civil, que actuaban como Policía Judicial a las órdenes del titular Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre de 2018.
"Josep Maria Jové Lladó solicitó protección de su integridad física y tecnológica, escolta 24 horas al día, auditorías de seguridad informática en su domicilio y detección de software malicioso en su teléfono móvil", explica Trapero, que destaca que la reclamación del considerado cerebro del procés se produjo después de haber sido imputado por el juez Ramírez Sunyer.
Estaba imputado
Precisamente por estar imputado, Trapero rechazó estas medidas de protección, que podían entorpecer la investigación judicial, y que de hecho culminó con la posterior detención de Jové Lladó.
En concreto, el escrito del exmajor relata que la Prefectura del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra desestimó la mayor parte de las peticiones del cerebro del procés, como por ejemplo la de atribuirle escolta personal y realizar barridos de seguridad: "Ya que Jové tenía la condición de persona investigada en el momento de la petición, y por ello no procedía atender dicha petición dado que ello podía colisionar con las acciones de investigación que sobre él podían estar realizándose", explica el escrito de Trapero.
Y por eso los Mossos solo autorizaron que Jové fuera objeto de "un servicio de vigilancia esporádica no uniformada de los puntos de interés policial en los entornos habituales de la persona, dado el riesgo que podía suponer para dicha persona su exposición pública a raíz de su presencia masiva en los medios de comunicación con motivo de su detención".
Se desliga de la hoja de ruta
Trapero va incluso más allá en su intento de alejarse de las actuaciones del cerebro del procés. Y por eso niega haber participado o colaborado en la elaboración de la hoja de ruta del independentismo o documento Enfocats: "Sin que en dicho documento se haga ni una sola mención a la figura del major de los Mossos d’Esquadra, ni se sitúe a los responsables del cuerpo", destaca el escrito.
Y como una prueba más de que el exmajor no había abrazado la causa independentista, la abogada de Trapero alude a los apuntes manuscritos que Jové Lladó plasmó en su agenda Moleskine. En concreto, se refiere a una anotación del día 8 de noviembre de 2016, bajo el título "War Room", en la que se indica que los Mossos harían "siempre lo que les digan los jueces y que no habría ninguna orden del Departamento de Interior".
Este apunte de Jové Lladó demostraría, según este escrito, que los políticos catalanes conocían "la postura inequívoca del major Trapero respecto del cumplimiento por parte del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra de la legalidad constitucional y de los mandatos judiciales".
Protección a los secretarios
Unos meses antes de que Jové Lladó solicitara las medidas de contravigilancia a Trapero, los Mossos d'Esquadra ya habían rechazado la petición del Govern de que dieran protección policial a los dos secretarios del Departament d’Economía. También esta solicitud fue desestimada, indica el escrito dirigido a la Audiencia Nacional, "al no concurrir los requisitos para ello".
Asimismo, Trapero denegó, según su escrito, una petición de protección de la directora de Servicios de la Vicepresidencia y de Economía y de Hacienda, Natalia Garriga Ibáñez, que había reclamado medidas de seguridad encaminadas a proteger su integridad física.
El exmajor hace también una alusión al expresident catalán Carles Puigdemont, a quién en una reunión con todos los comisarios de los Mossos le conminó a que "cumpliera con la legalidad", al mismo tiempo que le explicó que desde la Policía catalana "no se compartía el proyecto independentista".
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