Félix Bolaños se une a los ataques de parte del Ejecutivo contra el juez Llarena por no aplicar la amnistía al delito de malversación en el 'procés'. El dictamen del Tribunal Supremo complica el horizonte legal de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española por segunda vez, y, por el momento, deja sin efecto la ley pactada con los socialistas. Las declaraciones del Ministro de Presidencia y Justicia se suman a las difundidas este lunes por Óscar Puente, con las que el responsable de Transportes acusó al alto tribunal de "extralimitarse" en sus funciones.
La asociación Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria condenan las declaraciones de ambos ministros al entender que este tipo de ataques atentan contra el Estado de Derecho y ayudan a "socavar" la independencia de las instituciones. Un escenario que se viene repitiendo, principalmente en los últimos meses, por parte de diferentes miembros del Gobierno de Sánchez y que ha dado lugar a la proliferación de críticas contra el Poder Judicial y la supuesta imparcialidad de los jueces.
Los últimos en sumarse a la lista de socialistas críticos han sido Félix Bolaños y Óscar Puente. El responsable de la cartera de Justicia ha sido algo menos aventurado en sus afirmaciones a la hora de valorar el último movimiento del magistrado del Supremo, no obstante, ha dejado muy claro que el Gobierno no está de acuerdo con la interpretación respecto al delito de malversación de caudales públicos y su cabida en la ley de amnistía. El instructor argumentó que los comportamientos atribuidos en la causa del 'procés' se enmarcan en las dos excepciones que prevé la ley diseñada a la medida de los independentistas para los delitos de malversación, de manera que no son amnistiables.
"La posición del Gobierno con esa resolución del Tribunal Supremo inaplicando la Ley de Amnistía es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo", ha señalado Bolaños. Puente ha ido más allá en sus declaraciones durante una entrevista en RNE y ha acusado al TS de "extralimitarse" a la hora de interpretarla la ley de amnistía "diciendo que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal".
"La función de aplicar la ley corresponde a los tribunales"
Sobre las afirmaciones del representante público, Fernando Portillo defiende que "la aplicación de las leyes no les corresponde al Ejecutivo, sino a los tribunales", prueba irrefutable de la separación de poderes y de la buena salud de un Estado de Derecho. El portavoz de Foro Judicial Independiente lamenta que los miembros del Ejecutivo olviden que "la amnistía es una ley no es un acto político".
"Aunque tenga consecuencias políticas, es una ley y la función de interpretar y aplicar la leyes corresponden únicamente a los juzgados y tribunales si queremos seguir llamándonos estado democrático de derecho. Gracias a la separación de Poderes la aplicación de las leyes no les corresponde al Ejecutivo, sino a los tribunales y, en última instancia al Tribunal Supremo", sentencia.
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, arremete contra la estrategia seguida por algunos representantes del Gobierno de Sánchez contra los jueces. "Agradeceríamos que se abstuviesen de generar la duda sobre la imparcialidad y la independencia, en este caso, de los jueces que han aplicado la ley de una forma que no les conviene a los partidos independentistas", comenta.
Ambas asociaciones consideran que desde el Gobierno deben respetarse las decisiones judiciales y que la vía óptima para mostrar su posicionamiento es recurriendo a los tribunales. "En vez de recurrir una decisión judicial, lo que hacen es dictarla de prevaricadora. Creo que no tiene un recorrido positivo cualquier valoración de prevaricación conforme está hecha la ley", explica Oliva.
El portavoz AJFV explica a este medio que el texto de amnistía, tal y como está redactado, deja espacio a que "existan varias interpretaciones de la norma". "Nosotros ya avisamos que el texto no cumplía con el principio de trazabilidad penal y que podía provocar que existiesen varias interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas".
El texto de la amnistía da pie "a varias interpretaciones"
Del mismo modo, Oliva considera que las declaraciones de Puente intentando anticipar un futuro dictamen del pleno del Tribunal Constitucional va en contra de los propios magistrados que forman el órgano. "Con las declaraciones del ministro Puente no se respetan las instituciones, ni al propio Constitucional. Al anticiparse a un pronunciamiento, perjudica a los propios magistrados. Genera la duda de que el TC sigue el mandato del Gobierno", matiza.
Por su parte, desde la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) entienden que las resoluciones judiciales son susceptible de crítica, "mientras no se descalifique al tribunal que las dicta". De igual manera, recuerdan que la intención del Gobierno de recurrir el dictamen del Tribunal Supremo al entender que "el propio tribunal está dividido sobre la argumentación de lo que debe interpretarse por malversación" y que otros tribunales ya han amnistiado este tipo de delitos.
