El PP ha llevado al Senado una iniciativa con la que propone acabar con las puertas giratorias en Justicia. Tras la mala imagen sobre el Estado de Derecho español que ha generado la vuelta a la Carrera Judicial de personajes relacionados anteriormente con la vida política, los de Feijóo han registrado una moción con la que buscan pretenden votar en la Cámara Alta sobre "la incompatibilidad absoluta" de que miembros del Gobierno puedan acceder a puestos en el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial o Fiscalía General del Estado.
El plan impulsado por los populares se registró el pasado 19 de junio, en medio de las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que llega después de cinco años de bloqueo y que ha supuesto el primer gran pacto entre los de Pedro Sánchez y la oposición. Esta iniciativa no legislativa propone ir más allá para garantizar la "independencia" del Poder Judicial y proteger la imagen internacional de la justicia española. Vozpópuli ha acudido a los portavoces de las principales asociaciones de jueces, los cuales -en su mayoría- exigen al Partido Popular ir más allá y ampliar su propuesta a más cargos públicos.
Tres de las principales asociaciones de jueces aplauden la medida impulsada por los de Feijóo, pero comparten la idea de que no sólo debería afectar a ministros o miembros del Gobierno, sino a todos aquellos altos cargos relacionados con un partido que quieran volver de manera inmediata a la Carrera Judicial. Esta es la postura defendida por Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, quien sostiene que es necesario "alejar lo máximo posible la política de los órganos de control del poder" como el TC, el Ministerio Fiscal o el CGPJ. "Nos parece una medida positiva aunque insuficiente, puesto que limitarse a los ministros cuando hay otros altos cargos políticos que utilizan especialmente ese trasvase para impulsar su carrera", añade.
Piden al PP ampliar la iniciativa
En la misma línea se posiciona la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, desde donde subrayan que "quien se vaya de la vida judicial y entre en política, no debería poder volver a la Carrera Judicial". El portavoz, Sergio Oliva, matiza, no obstante, que esta "medida agravada" sería aplicable a altos cargos políticos, no a aquellos profesionales que dejen de lado sus puestos en Justicia para desempeñar alguna labor técnica. "Entiendo que no puedes volver porque tu apariencia de independencia estaría quebrada para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales", sentencia.
Las voces consultadas apoyan "una regulación clara, que ofrezca seguridad jurídica para toda clase de nombramientos". Así lo describe Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, quien celebra la moción registrada por los populares en el Senado para impedir que exministros se puedan incorporar inmediatamente a cargos de responsabilidad en Justicia. "Tiene que haber un periodo de 'descompresión' que contribuye a evitar la imagen de politización de estas instituciones", explica.
"Ya existen métodos en Justicia"
En una postura intermedia se posiciona la asociación mayoritaria de jueces en España, desde APM entienden que no es necesario crear una legislación para regular este tipo de dinámicas, ya que "existen métodos en la Justicia para evitar que esto suceda". "Si una persona vale en distintas instituciones, no entiendo la necesidad de legislarlo. Con una medida general no estoy muy de acuerdo, pero sí con que haya ciertas restricciones", detalla Alejandro González.
Del mismo modo, el PP buscan con la moción registrada en la Cámara Alta forzar al Gobierno a "nombrar un Fiscal General del Estado independiente que cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo y clarificar la relación entre el fiscal general y el gobierno para mejorar su necesaria independencia y transparencia".
Los de Feijóo manifiestan la necesidad de aprobar de manera "urgente" un Reglamento de la Ley de Transparencia que ayude a "proteger la independencia de los jueces frente a interferencia y presiones políticas". Bajo esta premisa, el texto registrado en las Cortes señala la causa que se sigue contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la aprobación de la amnistía como los principales ejemplos de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no dejar trabajar ni a la justicia ni a los medios de comunicación".
Igualmente, la portavoz del GPP en el Senado recalca que "un partido que es capaz de convertir en moneda de cambio, para estar en el poder, la amnistía de delincuentes condenados en firme y la rebaja de las penas por los delitos de malversación no puede presentarse como adalid de la lucha contra la corrupción".
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