Diversos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón -que se jubilará el próximo mes de septiembre- han descartado de momento plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, que ya ha empezado a aplicarse por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a una veintena de casos. Entre los primeros beneficiados, el que fuera conseller de Interior, Miquel Buch, y el sargento de los Mossos d´Esquadra Lluís Escolà, que actuó como guardaespaldas de seguridad de Carles Puigdemont en Bélgica durante su huida.
De las tres principales opciones que manejan esos magistrados, la única desechada por ahora es la de elevar al TC una cuestión específica para aclarar el alcance constitucional de la amnistía, o cuál sería el rango real de su aplicación, fundamentalmente para los delitos de malversación de caudales públicos, incluso sin fines de enriquecimiento personal, para la desobediencia y para el terrorismo. Básicamente, las otras dos alternativas que manejan esos magistrados son las siguientes. Primero, una aplicación selectiva y restringida de la amnistía para algunos delitos de los regulados en la ley como amnistiables, y en paralelo un rechazo a aplicar la norma pactada por el Gobierno y por Junts, entre otros, a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.
Condonada por un indulto su condena, a Junqueras le queda por ver ‘limpiada’ la pena de inhabilitación que sigue en vigor, y que le impide presentarse como candidato a cualquier proceso electoral. El caso de Puigdemont es mucho más complejo por varias razones de interpretación jurídica, entre otras, porque la malversación que pudo cometer puede chocar frontalmente con la regulación de una directriz europea que impediría amnistiar por el desvío de fondos públicos. Y también, porque está inmerso en otro proceso ante la magistrada Susana Polo por terrorismo como presunto inductor de Tsunami Democràtic. Al margen queda la novedad planteada el pasado viernes por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que anunció la elevación de una exposición razonada al Supremo por la eventual comisión por parte de Puigdemont de un delito añadido de traición.
La segunda opción que manejan diversos magistrados del Supremo y la Audiencia es elevar lo que se denomina una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en el mismo acto jurídico de ser admitida a trámite paralizaría de inmediato la aplicación de la amnistía. En ese caso, probablemente, el magistrado Pablo Llarena se vería forzado a levantar la orden de detención que sigue pesando sobre Puigdemont. Eso no tendría por qué ocurrir si Llarena decidiese, seguramente mañana viernes, y de acuerdo con el criterio de cuatro fiscales de la Sala Penal del Supremo, que la actual regulación de la malversación en la ley de amnistía no es aplicable al caso de algunos de los líderes del 'procés'.
En cualquier caso, fuentes judiciales sostienen que no tendría demasiado sentido elevar en paralelo una ‘consulta’ al Tribunal Constitucional español, y otra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Con toda probabilidad, en ningún caso el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido y con una mayoría de votos siempre asegurada en favor de las tesis de La Moncloa, paralizará cautelarmente la aplicación de la amnistía, independientemente de que tardara unos meses en preparar una respuesta al Supremo. Además, ello provocaría un problema añadido. El magistrado del TC Juan Carlos Campo, ex ministro socialista de Justicia con Pedro Sánchez, se sabe ‘contaminado’ tras haber afirmado, precisamente en su condición de ministro, que la amnistía es ilegal en España, y por tanto constitucional. En teoría debería abstenerse de pronunciarse ante un asunto ante el que ya no es imparcial.
Fuentes del Supremo admiten que aunque se está produciendo en la Sala de lo Penal un debate muy "intenso y profundo" sobre la extensión de la ley para delimitar su aplicación, no tienen previsto plantear duda alguna ante el Tribunal Constitucional, precisamente para evitar que Conde-Pumpido acceda desde ahora a capitalizar un debate jurídico que difícilmente resultaría crítico para el Gobierno. Al revés. El TC está demostrando una predisposición favorable, y permanente, a avalar todo aquello que proceda de La Moncloa.
De momento, han sido varias comunidades autónomas y parlamentos regionales en los que el Partido Popular tiene la mayoría suficiente como para plantear ante el TC recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía -no es lo mismo que una ‘cuestión de inconstitucionalidad’, que sólo pueden plantear jueces y magistrados-, pero lo cierto es que ninguna ha dado el paso de momento. A priori, y salvo un cambio drástico en las circunstancias jurídicas que rodean a la ejecución de la amnistía, el Tribunal Constitucional permanecerá de momento al margen para dictaminar sobre cualquier aspecto de esa norma.
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