El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha autorizado a la Guardia Civil para que pueda acceder a las cuentas de todos los investigados en relación con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, tanto si son personas físicas como jurídicas.
Así se recoge en una providencia dictada por el juez y fechada el pasado 16 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, concede la solicitud realizada por los investigadores del instituto armado para acceder al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
De esta forma, la Guardia Civil podrá acceder a las "cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum del 1-O" con el objetivo de "determinar la existencia de posibles responsabilidades penales".
Los nombres
La autorización del juez se extiende a las personas jurídicas, aunque no se precisa cuáles o si la autorización alcanza a ANC y Òmnium. En este Juzgado se encuentran en calidad de investigadas una veintena de personas, entre las que está el hombre de confianza de Oriol Junqueras, Josep María Jové, el exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó o el exjuez y exsenador Santiago Vidal.
Sin embargo, los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se encuentran en prisión por orden de la juez de la Audiencia Nacional desde el pasado mes de octubre. Una orden que, además, ratificó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Llarena rechazó la petición de VOX
No obstante, el instructor de la causa en el TS contra el proceso soberanista rechazó el pasado 18 de enero la petición de Vox, personado en el procedimiento como acusación popular, para que requiriera al SEPBLAC toda la información recabada en relación al origen de los fondos manejados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para cubrir fianzas judiciales y otros destinos relacionados con el proceso independentista.
Llarena señaló entonces que no procedía acordar la diligencia interesada por Vox. La petición se realizó como consecuencia de la denuncia que este partido político interpuso el pasado mes de noviembre directamente ante el SEPBLAC.
Vox acudió al servicio dependiente del Ministerio de Economía a raíz del pago de las fianzas que permitieron la libertad de la expresidenta del Parlamento catalán -por 150.000 euros- y de cuatro de los miembros de la Mesa -100.000 euros cada uno- el pasado mes de noviembre y de seis exconsellers del Govern de Carles Puigdemont -un total de 600.000 euros- menos de un mes después.
Según Vox, de la disponibilidad de dichos fondos en la 'caja de resistencia' gestionada por ANC y Òmnium se desprende que ambas son "organizaciones delictivas dentro de la estructura golpista secesionista, orquestada desde el gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont y por la Mesa del Parlament autonómico presidido por Carme Forcadell", con la misma finalidad delictiva de rebelión, sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y otros delitos que esta parte considera cometidos.
Añadían que por esta razón el abono de las citadas fianzas debía ser investigado "con diligencia" para conocer la procedencia de ese dinero, "que pudiera tener un origen delictivo, desconocido o ilegal" vulnerando la normativa contra el blanqueo de capitales, de fiscalidad, o de malversación de fondos públicos.
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