Política

El juez del 'caso Villarejo' cita a 'El Gordo' tras aportar BBVA indicios de su actividad criminal

El banco ha entregado documentos que según la Policía confirman que un extracto bancario que requisaron a Villarejo había sido reclamado por un policía que dependía jerárquicamente del comisario Enrique García Castaño

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar el 26 de marzo al comisario jubilado Enrique García Castaño, uno de los presuntos cabecillas del clan policial mafioso encabezado por el también excomisario José Manuel Villarejo, según un auto de este miércoles 20 de marzo.

García-Castellón le cita declarar poco después de que el BBVA aportara nuevos indicios de la presunta implicación de García Castaño en la red corrupta. En concreto, el banco remitió el pasado 26 de febrero dos documentos que según la Policía están "directamente relacionados" con las gestiones que Villarejo hizo para la obtención de los datos bancarios del bufete de abogados Balder IP Law, según explica un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de 28 de febrero.

Estos documentos constan de una sucesión de correos electrónicos, en los que un policía, que no está imputado, reclama a un empleado del banco los movimientos bancarios del bufete Balder IP Law. Sin embargo, lo hace en nombre de "tu amigo Enrique". Según Asuntos Internos, este policía jerárquicamente de Enrique García Castaño.

Caso Iron

En la respuesta, el empleado de BBVA le aporta al policía una hoja en la que constan unos datos bancarios que según Asuntos Internos "coinciden plenamente con el documento denominado BalderBBVA.49", que fue requisado a Villarejo, y que fue publicado por este diario: "Lo que viene a acreditar que dicha solicitud trae causa no de una investigación de la Comisaría General de Información sino del proyecto Iron para el que Herrero y Asociados contrató a cambio de precio los servicios de la estructura societaria" de Villarejo, según el citado informe policial.

En concreto, García Castaño, conocido con el alias de El Gordo, está imputado en la pieza separada Iron por obtener para Villarejo datos bancarios secretos del bufete de abogados Balder IP Law. Villarejo pactó recibir más de 600.000 euros por este trabajo.

Tal y como adelantó Vozpópuli, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su principal socio en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, tuvieron acceso a un extracto bancario de un cliente de BBVA que los líderes del denominado "clan policial mafioso" utilizaron para denunciar al mencionado bufete de abogados, según consta en el sumario de la pieza separada Iron del caso Tándem.

Secreto bancario

El documento con los movimientos de dinero, que tiene reflejado de forma manuscrita el nombre del banco en el que se encontraban las cuentas: "BBVA", está supeditado al secreto bancario, por lo que solo podría facilitarlo el banco por orden judicial.

Sin embargo, el extracto fue requisado por Asuntos Internos de la Policía Nacional a Villarejo, que lo incluyó en un informe que elaboró para sus clientes, los propietarios del despacho de abogados Herrero y Asociados, que se comprometieron a abonar 628.000 euros al excomisario, que iba a preparar una denuncia.

Precisamente, en este informe, que tenía como objetivo atacar y extorsionar al bufete de abogados Balder, cuyos integrantes habían abandonado el bufete Herrero y Asociados, Villarejo incluyó las referencias de Big y Boni, que según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción son el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y Antonio Bonilla, agente en segunda actividad.

Asimismo, la Policía halló un documento Word denominado "Gestiones Big", con fecha de 8 de noviembre de 2013, que había sido enviado por fax a Cenyt, que contenía, completa el documento policial, una serie de requerimientos de información dirigidos a 'El Gordo' en relación a los movimientos de las cuentas de Balder en el extracto bancario, como por ejemplo tres préstamos y una transferencia al extranjero.

Tras su declaración el próximo día 26, el juez García-Castellón tendrá que decidir si acuerda el ingreso en prisión de la acusación popular que ejerce Podemos, que también ha reclamado en dos ocasiones la Fiscalía Anticorrupción.

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