El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha reclamado al Ducado de Luxemburgo una comisión rogatoria para seguir la pista del patrimonio del exconsejero delegado de Indra, Javier de Andrés González (imputado en 'Púnica'), y de su mujer, María Fernanda Richmond (imputada en 'Lezo'), según un auto de 12 de diciembre, al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.
García-Castellón activa la cuarta ampliación de la comisión rogatoria a Luxemburgo tras ser alertado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "de los contactos, vía email, de un banquero luxemburgués con la investigada", en referencia a Richmond, que fue alto cargo de la empresa pública del Canal de Isabel II.
"María Fernanda Richmond, en fechas próximas a la venta de Emissao y al pago de las comisiones, recibió información sobre productos financieros de una entidad bancaria luxemburguesa, realizando presuntamente dos viajes a ese país", prosigue el auto, en el que se refiere a la compra por parte del Canal de Isabel II de la brasileña Emissao, por la que la trama encabezada por Ignacio González podría haber ingresado mordidas por un valor de 5,4 millones de euros.
Además, otro indicio que ha convencido a García-Castellón para ampliar su comisión rogatoria a Luxemburgo es que en el mismo periodo de tiempo el exdirectivo del Canal de Isabel II en Colombia Ramón Navarro abrió una cuenta en el banco panameño Helm Bank, "dónde más tarde recibió parte de las comisiones derivadas de la venta de Emissao".
Amigo de la infancia
El juez despliega su petición sobre el patrimonio de la pareja para determinar si las gestiones que realizaron en Luxemburgo tienen algún tipo de vínculo con el expresidente de la Comunidad de Madrid, ya que Richmond y su marido, Javier de Andrés González "han mantenido una relación personal de amistad con el principal imputado, Ignacio González (amigo desde la infancia del marido de la investigada)".
Richmond, según su declaración judicial, "vinculó en cierta medida", explica el juez, la obtención de su puesto de trabajo en el Canal de Isabel II (CYII) a la relación personal que mantenía con Ignacio González, el cual era el presidente del Canal en ese momento y ostentaba la vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Además, la investigada tuvo una participación relevante en la compra de la mercantil Emissao, en concreto por los puestos de responsabilidad que ocupaba tanto en la empresa matriz, Canal de Isabel II, como en el consejo de administración de Canal Extensia, la división internacional de la empresa pública madrileña del agua.
Correo electrónico
Igualmente, Richmond recibió en un correo electrónico los borradores de la investigación financiera ('due diligence') que estaba preparando la consultora KPMG sobre Emissao, "en los que se advertía de posibles contingencias" o problemas en la compra de la firma brasileña.
Este documento, "desconocido para la actual dirección" del Canal de Isabel II, según especifica la empresa madrileña, advertía a la dirección de la compañía, entonces presidida por Ignacio González, que era muy dudoso que el valor de esta empresa brasileña fuera de 31 millones de dólares, la cantidad que fue abonada finalmente.
Además, en estos mensajes interceptados por la UCO se ofrecían unos datos sobre las ganancias de la compañía que eran "muy inferiores a los presentados por Edmundo Rodríguez Sobrino en el consejo de administración de Canal Extensia". Algo de lo que la imputada no alertó a sus superiores.
Por todo ello, el instructor ordena librar la cuarta ampliación de la comisión rogatoria a las autoridades luxemburguesas "para determinar si María Fernanda Richmond y su marido contrataron (o intentaron contratar) algún tipo de producto financiero en el 'Banque de Patrimoines Privés' o en cualquier otro que opere en Luxemburgo", concluye el auto, de 12 de diciembre.
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