El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el denominado 'Delcygate', destapado por Vozpópuli, sigue sin aceptar la personación del PP en el caso por no haber presentado formalmente querella ni haber prestado fianza, según expone en un auto dado a conocer este lunes. Les pide solventar este obstáculo formal y y aportar sus últimas cuentas anuales a fin de proceder a la fijación de fianza.
Por el momento no existe ninguna acusación popular en el asunto -que investiga el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez- ,ya que tanto a Vox como el Partido Laócrata se le fijaron 20.000 y 5.000 euros de fianza, respectivamente, que aún no se han aportado.
Denuncias por el 'Delcygate'
El PP no fue el primer partido en mover ficha en este asunto -fueron los minoritarios laócratas- pero si el que logró la primera actuación judicial a raíz de la denuncia -no querella- que presentó al juzgado de guardia logrando que se ordenara a AENA no borrar las grabaciones que del encuentro que realizaron las cámaras del aeropuerto de Barajas.
Dicha denuncia se repartió al Juzgado de Instrucción número 47, cuyas diligencias se acumularon finalmente en el 31, que es el que se ha quedado el caso.
Serrano-Arnal reprocha a su compañero que aceptara la personación del PP sin formlar querella y sin prestación de fianza y recuerda que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) "instaura la querella como el instrumento procesal necesario para que el acusador popular pueda ejercer la acción penal, siendo que también debe, dicho acusador (...) prestar fianza", y ninguno de estos requisitos se dan hoy con el PP.
Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares el magistrado ya ha comenzado a investigar este asunto, y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezola se infringió dicho protocolo.
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