El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, ha confirmado que los ordenadores y los teléfonos del presunto cabecilla de la trama, Ignacio González, y de su mujer, Lourdes Cavero, se han guardado en el juzgado conforme a la ley, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Respecto al lugar en que han permanecido y permanecen los efectos informáticos y dispositivos intervenidos a todos los investigados del presente procedimiento, los mismos, exceptuando aquellos cuyo uso haya sido asignado provisionalmente a la UCO, han permanecido y permanecen en todo momento bajo custodia del Letrado de la Administración de Justicia en el archivo de este Juzgado, en condiciones de seguridad", especifica el instructor, en respuesta a un escrito de Ignacio González en el que dudaba de las condiciones de seguridad en la que permanecen sus ordenadores y teléfonos.
De esta forma, el instructor defiende su investigación, pero también la de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuya custodia de las pruebas requisadas también fue puesta en tela de juicio por el letrado de Ignacio González.
Devolución de ordenadores
El expresidente de la Comunidad de Madrid duda de la legalidad de la custodia realizada por la UCO, tal y como aseguró en un recurso de apelación de 8 de agosto dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que reclamaba que se le devolviera todos los dispositivos electrónicos requisados por orden del juez García-Castellón.
"La providencia que impugno (cuyo contenido requería forma de auto) debe revocarse porque infringe el derecho a la tutela judicial efectiva de mis clientes, creando indefensión, pues desestima la devolución de los dispositivos informáticos que les fueron intervenidos, con argumentos inválidos para ello", explicó de forma literal en uno de sus párrafos el recurso el abogado de González.
Sin embargo, el juez García-Castellón no ha accedido a las pretensiones de González, ya que si los terminales se entregaran a los imputados no podrían ser presentados en una vista oral: "No procede la devolución de los mismos por constituir evidencia legal e indubitada necesaria para garantizar la autenticidad de la prueba en caso de eventual juicio", especifica la providencia del instructor.
El juez García-Castellón ha permanecido durante todo el verano en el foco de los imputados de la trama, como por ejemplo el máximo accionista de OHL Juan Miguel Villar Mir y Pedro Calvo, exconsejero del equipo del exalcalde y expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón.
José María García
Así, el abogado de Villar Mir se quejó de que el magistrado no le ha facilitado la grabación de la declaración del periodista José María García, celebrada el 12 de febrero, en la que rechazaba haber aludido al dueño de OHL como presunto donante del PP en una entrevista en La Sexta: "Así las cosas, por medio del presente escrito, venimos a formular nuestra más respetuosa protesta en relación con este proceder del Juzgado", especificaba un escrito de la defensa de Villar Mir.
El letrado del principal accionista de OHL llegó a acusar al juez García-Castellón de "vulnerar abiertamente" el derecho del empresario a acceder al contenido de todas las investigaciones.
Apoyo de la Audiencia Nacional
El abogado de Villar Mir también denunció en julio la violación del derecho de defensa y confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con su cliente, al constatar que el juez había ordenado la grabación de las llamadas del empresario, algunas de ellas con su letrado. Sin embargo, esta decisión contó con el refrendo de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Por su parte, el exconsejero de Gallardón Pedro Calvo, imputado por la compra en 2001 de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, presentó el 3 de agosto en la Audiencia Nacional un recurso en el que reclama a García-Castellón que elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo para imputar al diputado del PP José Ignacio Echániz.
El letrado de Calvo envió este escrito con la intención de que la investigación realizada por el juez pasara a manos de un magistrado del Tribunal Supremo, órgano judicial en el que están aforados los diputados del Congreso.
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