Tres sesiones y dos retenciones. El presidente del tribunal que juzga la causa del procés, Manuel Marchena, ha hecho de muro de contención a la acusación popular que ejerce Vox. En la primera semana de juicio el magistrado ha rechazado dos propuestas del partido político: la petición de retirar cualquier lazo amarillo de la vestimenta de los acusados y la solicitud de poder formular sus preguntas al exvicepresidente Oriol Junqueras pese a que este expresó que no respondería a ninguna de las cuestiones planteadas por las acusaciones.
Marchena se ha mostrado firme con los dos letrados que representan a Vox en el juicio del procés. Cada vez que han intentado copar protagonismo, ha sido tajante pero siempre dentro del manual. Para el primer 'asalto' ya estaba preparado: tenía dos sentencias europeas bajo la manga. Para el segundo, ha alegado un "respeto total y absoluto" al derecho de los acusados de no responder a las preguntas que consideren y ha velado por que el silencio de los líderes independentistas no se pueda interpretar en ninguno de los sentidos.
El juez también ha llamado a lugar al resto de acusaciones, a defensas y a los propios acusados: desde la interrupción del interrogatorio al exconseller de Interior Joaquim Forn para amenazar con desalojar la Sala si continuaban las risas, hasta el "olvídese del pasillo y formule otra pregunta" a la abogada del Estado.
Criterio "desacertado"
Las actuaciones del magistrado no han sido del agrado de los representantes de la acusación. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha mostrado su descontento dentro y fuera de la Sala. En uno de los recesos, ha asegurado ante la prensa que considera que Marchena ha "desvirtuado" la jurisprudencia del Tribunal Supremo al rechazar sus peticiones y ha tachado de "desacertado" el criterio del magistrado.
Desde la acusación popular han recordado que en la fase de instrucción el juez Pablo Llarena sí permitió que se formularan preguntes pese a la negativa de los acusados a responder. Y han asegurado que tras lo sucedido este jueves pedirán a la Sala que responda por escrito a sus reclamaciones. Pese a las críticas, el partido ha aplaudido que el magistrado no permita "maniobras dilatorias" en el juicio.
Apegado al manual
En lo que va de juicio, el juez ha citado numerosa jurisprudencia internacional para respaldar sus decisiones, con la vista siempre en la intención de los acusados de llevar la causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. La lista incluye desde sentencias específicas hasta informe explicativos como el vinculante de lenguas regionales del Consejo de Europa.
Durante las dos primeras sesiones, las intervenciones de Marchena habían sido breves, centradas en casos puntuales en los que dirigía el orden de palabra. Fue en la tercera sesión en la que dispuso de casi una hora para dar respuesta a las peticiones y reclamaciones de las defensas de los doce líderes independentistas.
"Vamos a anticipar que vamos a centrarnos en aquellas cuestiones que pueden ser objeto ahora de solución porque tienen capacidad de condicionar el juicio oral", señalaba el magistrado poco después de las 10 horas. Y añadía que el resto cuestiones, vinculadas a la violación de derechos fundamentales, tendría respuesta en la sentencia.
Hasta ahora, el presidente del tribunal se ha mostrado positivo a gran parte de las solicitudes de los acusados. Ha aceptado las intervenciones en catalán, que los líderes independentistas se sienten junto a sus abogados, que se incorporen nuevos documentos y que declare el exministro Juan Ignacio Zoido.
Las veces que ha dicho que no, lo ha hecho con cuidado. "Estamos convencidos de que la trayectoria profesional y jurídica les permite conocer la respuesta: en un proceso penal no se puede cambiar el formato", decía antes de rechazar la citación de Carles Puigdemont como testigo.
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