Política

La juez desmonta a Casado: "No era un anónimo veinteañero, era diputado en Madrid"

La juez cree "decisivo" que la Policía Judicial analice el ordenador del líder del PP y la veracidad de los trabajos que dejó entrever durante una de sus intervenciones públicas

La magistrada de Madrid que investiga el máster de Pablo CasadoCarmen Rodríguez-Medel, ha desmontado las explicaciones del líder del PP y considera "esencial" y "decisivo" para determinar su imputación que la Policía Judicial analice su ordenador para de esta forma determinar si los documentos que exhibió en una rueda de prensa de 10 de abril de 2018 son los trabajos requeridos para obtener la titulación, según consta en la exposición motivada enviada al Tribunal Supremo en la que reclama que se le cite a declarar como investigado.

"A juicio de esta instructora, lo decisivo no es sólo que se aporten los mismos [trabajos], sino, a falta de una evidencia documental de su entrega en aquel año, resulta esencial corroborar que se elaboraron efectivamente en ese año académico 2008-2009", destaca la magistrada, que llega a especificar que la comprobación no sería muy complicada: "Esto parece tarea fácil dado que el propio Casado, en su intervención, hace referencia a que halló los trabajos en un ordenador portátil que conserva desde entonces".

Y la juez apunta lo que debería hacer el Supremo al respecto: "Una sencilla diligencia de investigación por la Policía Judicial puede determinar la efectiva antigüedad de la creación del documento o su manipulación o elaboración posterior", explica Carmen Rodríguez-Medel, que recuerda que ella no ha pedido el ordenador al líder del PP "por afectar directamente a la persona aforada".

"Quién se lo pidió"

En su escrito, la magistrada analiza de forma pormenorizada las declaraciones públicas realizadas por Casado sobre su Máster, y recuerda que el líder del PP señaló en varias ocasiones que hizo lo que le pidieron los profesores del máster: "Pero no especifica quién se lo pidió, si los profesores o sólo el director u otra persona, cómo se lo pide, si de manera individual, presencial o por escrito o de manera conjunta con otros alumnos".

En este sentido, recuerda que en una entrevista en la radio sí menciona al profesor A.C, a quién califica como "el urdidor del proceso indiciariamente prevaricador al que señala que apenas debió ver en alguna ocasión excepcional, manifestando ni siquiera recordarlo en sus rasgos fisionómicos".

Esta situación hace que la magistrada tenga dudas sobre quién le corregía los trabajos, quien le trasladó algún comentario al respecto, pues el director teóricamente calificó tres de las cuatro asignaturas que le restaban y, según parece, "no se relacionaban por correo electrónico".

Además, la juez también rechaza que tal y como declaró Casado hiciera únicamente lo que se le pidió, y que esto era coherente con la oferta pública del postgrado: "Con la mera lectura del folleto se puede comprobar que no es así, que el mismo diseñaba un curso presencial".

Asimismo, la instructora no está de acuerdo en que durante ese curso Casado fuera un estudiante "anónimo veinteañero: "Cuando del informe de la Guardia Civil se desprende que ya era diputado en la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, partido que ostentaba la Presidencia de la Comunidad de Madrid en esos momentos".

"Sin cursarlo"

Por todo ello, según la juez, la investigación permite concluir de forma indiciaria que el profesor Enrique Álvarez Conde, como catedrático y director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en connivencia con dos profesores, dirigió una serie de actuaciones tendentes a lograr que "un grupo concreto y escogido" de alumnos obtuvieran el título del Máster "sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva", explica la resolución.

"Debe concluirse que indiciariamente", indica la exposición motivada, "uno de los beneficiados que pudo actuar en connivencia con Álvarez Conde pudo ser el aforado Pablo Casado, que pudo verse favorecido con este regalo académico por su relevancia política e institucional".

Y para esclarecer los hechos, la magistrada considera necesarias unas diligencias de investigación que ella no puede acordar por ser Casado aforado, como por ejemplo la declaración como imputado del propio Casado, o que entregue su ordenador personal para que lo analice la Policía Judicial.

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