El juez Manuel García-Castellón, que investiga en la Audiencia Nacional la trama de corrupción Púnica presuntamente liderada por Francisco Granados, ha ordenado el bloqueo de más de un millón de euros de la empresa Cofely, la filial de la multinacional francesa GDF Suez, que ahora ha pasado a llamarse Engie.
La decisión del magistrado se produce después de que el Ayuntamiento de Parla (Madrid) le avisara de que esta administración local había sido condenada a ingresar un total de 1.129.263 euros a Cofely en virtud de una sentencia dictada por el juez de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid.
Al tener constancia de que el Consistorio de este municipio del sur de Madrid ya había aportado 400.000 euros de la cantidad fijada, el juez García-Castellón ha enviado un oficio al juzgado madrileño para que retenga el dinero ya consignado por Parla, así como los ingresos futuros, según indica una providencia de 21 de marzo.
Responsabilidades civiles
Con esta decisión, el juez trata de garantizar que la filial española de la multinacional francesa responda de las eventuales responsabilidades civiles que surgieran de una condena por los supuestos pagos irregulares a los diferentes alcaldes y concejales de Púnica.
Sin embargo, el representante legal de Cofely, una de las empresas que más se habría beneficiado de los amaños de la trama Púnica, ya que consiguió contratos de Ayuntamientos por un valor superior a los 170 millones de euros, ha reclamado el desbloqueo del dinero abonado por el Consistorio de Parla.
La multinacional francesa justifica esa petición porque ya presentó un aval bancario por 5 millones de euros, por lo que considera que las hipotéticas responsabilidades pecuniarias de la empresa, si resultara condenada, ya estarían garantizadas.
Una condena
Cofely achaca la decisión del juez de bloquear el dinero a "un error provocado por la ingente cantidad de documentación y de partes personadas" en el caso Púnica.
"Por ello, estando la responsabilidad civil suficientemente garantizada por mi representada en los términos que le requirió en su momento el Juzgado, considera esta parte que debe ser revocada la orden de retención que ha sido oficiada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid", concluye el escrito del representante legal de la filial de la multinacional francesa.
Los políticos imputados por formar parte de la trama de Granados cobraban comisiones de entre el 2% y el 3% por cada contrato. De esta forma, los excargos imputados podrían haber obtenido unos ingresos irregulares que oscilarían entre los 5 y los 7,5 millones de euros.
