La juez de Badajoz que investiga una denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez acaba de admitir a trámite la querella del sindicato contra el músico. La instructora da luz verde a que litigue como acusación popular en el este procedimiento junto con el partido político Vox, pero ha dado el primer paso para que ambas se agrupen bajo una misma dirección letrada.
Así se desprende de la nueva documental incorporada a la causa, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el marco de la cual se actúa contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la diputación, Alejandro Cardena y David Sánchez Pérez-Castejón.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 incoó diligencias el pasado 30 de mayo por los presuntos delitos de malversación, fraude y exacciones legales. Desde entonces, la juez ha recabado documental de la Diputación de Badajoz y ha requerido a la UCO de la Guardia Civil y a Hacienda para que investiguen todo lo relativo al patrimonio del hermano del presidente del Gobierno.
La residencia del hermano de Pedro Sánchez
En este nuevo auto, la juez explica que ante una denuncia o querella que "narra unos hechos que pueden ser constitutivos de infracción penal, no cabe otra decisión que no sea la de iniciar un procedimiento correspondiente". En ese sentido, da luz verde a la querella de Manos Limpias y le tiene por personado como acusación popular.
En lo que respecta a la Agencia Tributaria, la juez ha solicitado que averigüe si el hermano de Pedro Sánchez, músico de profesión, tiene su residencia fiscal en España o Portugal, así como el periodo en que habría realizado el cambio de residencia al país vecino en caso de que ésta haya tenido lugar. Del mismo modo, solicita al fisco que averigüe si su residencia en Portugal "sería compatible con su condición de funcionario público".
La denuncia de Manos Limpias apuntó que el hermano del presidente del Ejecutivo estaría percibiendo un salario público de la Diputación de Badajoz pese a no acudir presencialmente a su puesto de trabajo y pese a no haber solicitado formalmente la modalidad de teletrabajo. En concreto, en 2017 fue designado como 'Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en régimen laboral de alta dirección, en la Diputación de Badajoz.
Una de las funciones esenciales de su contrato sería la de "dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara", actividad que, según el denunciante, no ejercería por residir fuera de España, en concreto en la localidad portuguesa de Elvas.
La Fiscalía se opone
Del mismo modo la denuncia determina que David Azagra (nombre artístico del hermano del líder del PSOE) tendría un patrimonio valorado en unos dos millones de euros, lo que se consideraría desproporcionado con el contrato laboral que ostenta. "Se afirma que no ha satisfecho el IRPF ni el Impuesto del Patrimonio en los años 2021 y 2022", expuso la juez sobre la denuncia del sindicato.
Por ese motivo, la instructora reclama también a Hacienda las declaraciones tributarias presentadas en los últimos 5 ejercicios y que traslade a la Justicia si de ellas puede deducirse algún
indicio de delito contra la Hacienda Pública. También trata de averiguar si el aumento de su patrimonio respondiera a otros motivos que no fueran consecuencia directa de sus ingresos.
Finalmente, la juez vuelve a dirigirse a la Diputación de Badajoz para que informe al juzgado sobre si existe un sistema de control horario de entrada y salida que le vincule como personal de alta dirección dado que su contrato de julio de 2017 se firmó en dichas condiciones. Además, pide que se le traslade los registros desde la fecha de su contratación y la "localización física del despacho" donde trabaja.
La instructora también quiere saber si el trabajo que desempeña el hermano de Pedro Sánchez exige dedicación exclusiva y si el programa Ópera Joven con el que se le contrató se costeó con fondos de origen autonómico, estatal o europeo. Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto a la apertura de estas diligencias, según ha podido saber este medio.
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