El juicio a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum del 1-O se dirimirá sobre una cuestión clave: si hubo o no violencia en los hechos que se juzgan. Es el punto principal sobre el que discrepan las tres acusaciones personadas en la causa -Abogacía del Estado, Fiscalía y Vox-. El futuro de los encausados en este proceso dependerá del lado hacia el que inclinen la balanza los jueces.
Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado exhibe la postura más laxa. En un giro de guión, el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, pasó a considerar el pasado noviembre que no veía indicios suficientes para demostrar el uso de violencia por parte de los acusados, un viraje respecto a la tesis inicial motivado por el cambio de Gobierno. De este modo, descartó el delito de rebelión en su escrito de acusación -por el que la pena asciende a 25 años- rebajándolo a sedición -con pena máxima de 15 años-, malversación y desobediencia. El organismo omite, pues, la palabra violencia, y se refiere a los hechos como “altercados”, “disturbios”, “tumultos” o “incidentes contra el orden público”. Pide a los dirigentes separatistas penas que oscilan de 7 años a 12 años, esta última para el líder de ERC, Oriol Junqueras.
En relación al delito de malversación, el criterio de la Abogacía del Estado difiere también del de la Fiscalía. Ésta última cifra los fondos públicos utilizados en 2,91 millones, mientras que la Abogacía reduce esta cantidad a 1,97 millones.
Fiscalía
El criterio esgrimido por la Fiscalía se ubica a medio camino entre el de la Abogacía y Vox. El Ministerio Público considera que nueve de los 12 acusados -aquellos que están en prisión provisional- son responsables de un delito de rebelión y está probada, por tanto, la existencia de violencia. Apoyan su argumento en el componente de “fuerza intimidatoria” que representaron, por un lado, las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por los líderes independentistas, y por otro, la presencia de los Mossos d’Esquadra -unos 17.000 efectivos- como cuerpo policial armado bajo las órdenes de estos dirigentes. Si esta versión prospera, las penas oscilarían de 16 a 25 años, pena que le correspondería asumir a Junqueras.
La postura de la Fiscalía se ha convertido en un quebradero de cabeza para los dos últimos gobiernos. El Ejecutivo de Rajoy no tuvo problema en respaldar la querella inicial, pero el tema se tornó incómodo tras la petición de la Fiscalía de prisión provisional para los encausados. Para Sánchez también ha sido un tema delicado, porque su Gobierno depende del apoyo de PDeCAT y ERC.
Vox
La versión de Vox es bien distinta. Para Oriol Junqueras -”jefe de los golpistas”-, la formación de extrema derecha pide 74 años. Según el escrito del partido político, el delito de rebelión está motivado por actitudes racistas y de discriminación hacia los ciudadanos españoles por su razón de nacimiento.
La formación de extrema derecha defiende el empleo de un “sofisticado y novedoso mecanismo” en comparación con otros “golpes de estado” ocurridos en la historia moderna occidental para hacer pasar un proceso golpista por otro democrático. Piden penas de cárcel de 24 a 74 años.
Cuando finalice la vista, que se prolongará durante meses, las tres acusaciones deben valorar todo lo que han oído y leído durante su transcurso y volverán a pronunciarse.
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