Es el turno de los testigos. Tras siete sesiones de juicio y la declaración de los doce acusados, este miércoles se podrá escuchar la voz de personajes clave en lo ocurrido en Cataluña durante el 'procés', sin ir más lejos Mariano Rajoy, Artur Mas o Soraya Sáenz de Santamaría.
Joan Tardá, diputado de ERC en el Congreso, será el primer testigo en entrar en el Salón de Plenos del Supremo, por el que, tras él, desfilarán el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
El actual presidente del Parlament, Roger Torrent, ha comunicado al Supremo que no puede declarar este miércoles al haber pleno en la Cámara catalana, si bien el tribunal aún no se ha pronunciado al respecto.
Ya por la tarde está fijada la testifical de Mariano Rajoy, de la excoordinadora general de PDeCAT Marta Pascal, de la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert y los exdiputados de la CUP Eulalia Reguan y Antonio Baños.
La llegada de testigos de semejante peso político (adelantada por el calendario electoral, para evitar que se produzca durante la campaña) sitúa al tribunal que preside Manuel Marchena ante dos nuevos retos: cumplir los tiempos que ha fijado y cumplir la promesa de no permitir interrogatorios ideológicos.
Será la segunda ocasión en la que Rajoy testifique en un juicio penal, si bien esta vez lo hará en calidad de expresidente y no de líder del Ejecutivo, como sucedió con el caso Gürtel
El primero de ellos se antoja complicado, toda vez que hay tres acusaciones y doce defensas personadas y, como determina la ley y a diferencia de lo que ocurre con los acusados, los testigos no tienen derecho a no contestar a alguna de ellas.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, tratará que las preguntas no se alejen de los hechos conocidos o de las competencias que tenían los testigos, pero aún así será difícil cumplir esos plazos cuando algunos de los citados tenían tal altas responsabilidades.
En cuanto al segundo reto, responde a un compromiso adquirido por Marchena en las cuestiones previas, cuando Jordi Cuixart pidió expurgar del escrito de acusación de Vox todo su contenido ideológico.
La cuestión es si los abogados de ese partido (entre los que se encuentra su secretario general, Javier Ortega Smith) saldrán mañana del letargo al que les han sometido los acusados al negarse a responder a ninguna de sus preguntas. A partir de mañana, nadie podrá eludirlas.
Segunda vez para Rajoy en un juicio penal
Entre los protagonistas que (si se cumplen los plazos) testificarán este miércoles, destaca el nombre de Mariano Rajoy.
Será la segunda ocasión en la que testifique en un juicio penal, si bien esta vez lo hará en calidad de expresidente y no de líder del Ejecutivo, como sucedió con el caso Gürtel. A diferencia de entonces, lo hará desde una mesa ubicada frente al tribunal.
Rajoy fue presidente del Gobierno durante todo el 'procés', con lo que son muchos los hechos por los que se puede recabar su opinión, incluidas las conversaciones que hasta el último momento se mantuvieron para impedir la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), según el testimonio del exconseller Santi Vila.
Otro tanto ocurrirá con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de la denominada "operación diálogo", en tanto que a Cristóbal Montoro le tocará dar cuenta sobre la supuesta malversación de fondos públicos, toda vez que en su momento aseguró que no se destinaron partidas para financiar el 1-O, afirmación que luego trató de enmendar.
Pero antes que ellos hablará Artur Mas, quien figuraba entre los investigados inicialmente, pero quedó fuera del procesamiento por decisión del juez Pablo Llarena.
Obligados a decir la verdad
La obligación de responder a todas las partes no es la única diferencia entre los acusados y los testigos, hay otra más relevante: la obligación de decir la verdad bajo amenaza de incurrir en un delito de falso testimonio, castigado de seis meses a dos años de prisión.
Sin embargo la ley especifica que ningún testigo puede ser obligado a contestar a una pregunta que le pueda "perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante" a no ser que los delitos revistan "suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor".
La ley también impide que se formulen "preguntas capciosas ni sugestivas" o utilizar la "coacción, el engaño, la promesa" u otros artificios para inducirles a declarar en uno u otro sentido.
