Un referéndum simbólico en plazas y lugares abiertos. Esa es la oferta sobre la bocina que le trasladó el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Fue en la reunión entre el Govern y el Ministerio del Interior el 28 de septiembre de 2017, apenas tres días antes del 1-O. Nieto ha desvelado este ofrecimiento durante su declaración como testigo en el juicio del 'procés' y viene a reforzar la tesis apuntada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, de que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy trató de buscar un acuerdo hasta el final.
Nieto ha afirmado que la reunión era una Junta de Seguridad, -órgano competente para abordar cuestiones policiales entre ambas administraciones- y que hasta ese 2017 llevaba años sin reunirse. El ex número dos de Interior era el máximo representante por parte del Ejecutivo central y acudió en compañía del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Este último era una de las personas de confianza en Cataluña de la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien meses antes había ensayado un intento de diálogo con el independentismo que terminó en fracaso.
Sáenz de Santamaría fue después la encargada de anunciar en nombre del Gobierno durante una entrevista a la Cadena Ser que no habría urnas en Cataluña el 1-O. El propio Rajoy declaró en multitud de ocasiones que no se celebraría la consulta.
"Gesto de buena voluntad"
Precisamente diálogo es el concepto que este lunes ha utilizado Nieto para justificar aquella Junta de Seguridad, celebrada en Barcelona y a la que fue junto al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, nombrado por la Justicia coordinador único de las fuerzas de seguridad ante el 1-O. El encuentro se celebró a petición de la Generalitat y el secretario de Estado ha recordado que aceptó asistir como un gesto: "Los acuerdos se cierran entre la Consejería de Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad, y no hubo acuerdo ni en fecha ni orden del día. Hubo un periodo de más de ocho años en el que no hubo reuniones. No se puede convocar cuando quiere el presidente de la Generalitat, ni se puede poner un orden del día sin haberlo consensuado previamente. En este caso, asistimos como gesto de buena voluntad".
En ese encuentro es dónde, tal y como ha dado a conocer este lunes, se le ofreció una alternativa al referéndum que no atentase contra las decisiones de la Justicia, pero que permitiese al independentismo escenificar su capacidad de movilización: “De hecho, y se planteó así, parte de esa manifestación de capacidad de movilización de fuerza del movimiento independentista podría haber sido que simulara ese referéndum en lugares que no están recogidos en el auto de la magistrada, que se pudiera hacer en plazas o lugares abiertos en los que no se fuese en contra de ese mandato judicial, así se les trasladó”. Pero no aceptaron.
Representación del Govern
El Govern estuvo representado por Puigdemont; el conseller de Interior, Joaquim Forn -uno de los acusados en el Tribunal Supremo-; el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler; y el major de la policía autonómica, José Luis Trapero. Este último, al que han apuntado varios de los testigos se encuentra a la espera de juicio en la Audiencia Nacional donde le piden 11 años de cárcel por rebelión.
La semana pasada Urkullu dio cuenta de sus trabajos de intermediación entre el Gobierno y la Generalitat. Esta labor que se inició a petición del propio Puigdemont, obtuvo respuesta por parte de Rajoy apenas al día siguiente. Siempre según la versión del dirigente vasco, Rajoy no era muy dado a aplicar el artículo 155 de la Constitución, incluso después de la celebración del referéndum. Lo hizo una vez que Puigdemont declaró la independencia unilateral el 27 de octubre en lugar de convocar elecciones, que era el compromiso que había alcanzado con Urkullu.
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