Los siete diputados de Junts per Catalunya impedirán la aprobación de la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, la norma impulsada por Moncloa para, entre otras cosas, ahogar a multas a los medios críticos o que no comulgan con la línea del Gobierno.
Fuentes de Junts consultadas por Vozpópuli señalan que los parlamentarios capitaneados por Míriam Nogueras dirán 'no' a la aprobación de esta norma por todo lo que supone. Desde Junts consideran que "pone en riesgo" la viabilidad de varios medios de comunicación "libres".
Teniendo en cuenta la oposición, también, del principal grupo de la oposición, el Partido Popular, el Gobierno de Pedro Sánchez no podrá articular una mayoría alternativa para la aprobación de esta normativa con la que busca controlar el panorama comunicativo español.
El anteproyecto de ley, que presentó hace unas semanas el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, plantea que el incumplimiento de las directrices relacionadas con las decisiones editoriales se considere una infracción leve. Contemplando multas de hasta 50.000 euros para las radios y la prensa. En el caso de las televisiones, prevé multas de hasta un máximo de 150.000 euros.
La norma del Ejecutivo, de esta forma, establece sanciones para "garantizar la independencia de las decisiones editoriales". Los medios tendrán que garantizar que las dichas decisiones puedan "tomarse libremente" dentro de la línea editorial que siga el prestador de servicios de medios de comunicación de que se trate, y la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad.
Multas de hasta 750.000 euros
El Gobierno prevé imponer multas de entre 100.000 y 750.000 euros para aquellos medios de comunicación que incumplan la obligación de inscribirse en el nuevo registro estatal, dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
El anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, aprobado en primera vuelta por el Gobierno el pasado 25 de febrero, dictamina que el incumplimiento de esta obligación es considerado una infracción grave.
Otra de las cuestiones que será considerada una infracción grave es no hacer "accesible, de forma sencilla y directa" y no mantener actualizada la información relativa a su estructura de propiedad y los ingresos derivados de la asignación de publicidad estatal.
Las multas previstas son de hasta 100.000 euros para la prensa escrita y las radios de ámbito estatal, mientras que en el caso de las televisiones, el anteproyecto establece diferentes sanciones en función de sus ingresos.
El anteproyecto de Ley, en la actualidad en fase de audiencia e información pública para presentar alegaciones, hasta hoy viernes 14 de marzo, prevé también multas por infracciones "muy graves" relacionadas con concentraciones en el mercado de medios de comunicación por parte de los grandes grupos. En el caso de las sanciones para la prensa y las radios, estas pueden alcanzar los 200.000 euros.
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