Junts asesta un duro golpe a Pedro Sánchez al tumbarle la senda de estabilidad presupuestaria. Los independentistas catalanes desestabilizan la mayoría que sostiene al presidente del Gobierno en la Cámara Baja y agudizan su crisis judicial. El presidente afronta un verano caliente, llamado a declarar como testigo ante el juez por el caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez, y con la amnistía sin carburar por depender su aplicación de la Justicia.
Los siete diputados en el Congreso comandados por el expresidente catalán Carles Puigdemont reventaron la mayoría que podía alumbrar unas nuevas cuentas y votaron 'no' a los objetivos de déficit y de deuda para el bienio 2025-2027, que son el primer paso hacia unos nuevos Presupuestos.
El pretexto de Junts es el agravio con Madrid: “El menosprecio es constante y se repite año tras año. En Cataluña sólo se ejecutó un 45% del dinero presupuestado, mientras que en Madrid se llegó a un escandaloso 212%”, ha dicho el diputado Josep María Cruset. El independentista recuperó el discurso del procés: "Siempre es lo mismo: dañar nuestra calidad de vida con unos servicios públicos precarios, expoliarnos fiscalmente 22.000 millones de euros cada año, asignarnos un presupuesto anual mucho menor del que nos tocaría por población o PIB y reducir nuestra competitividad sobreinvirtiendo en Madrid".
De manera que el Ejecutivo se queda sin poder iniciar el proceso de elaboración de unas nuevas cuentas para 2025. Al menos por ahora. Fuentes socialistas explican que hay tiempo para abordar en un nuevo consejo de ministros antes de las vacaciones -previsiblemente la semana próxima- una nueva senda. Cabe recordar que Sánchez ya se vio obligado a prorrogar los Presupuestos de 2023 por el periplo electoral.
La ministra de Hacienda (y vicepresidenta primera), María Jesús Montero, ha querido dejar claro que la "hoja de ruta" comprometida con los partidos de la investidura sigue adelante. Todo un guiño a sus aliados independentistas, con los que, en principio, vincularon la investidura de Pedro Sánchez al apoyo a las cuentas. Pero el torpedo de Puigdemont es potente y arma un boquete importante en la credibilidad sobre la viabilidad de la legislatura.
El problema es, una vez más, la relación entre Junts y ERC. Sánchez se verá este miércoles con el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès. Ambos mandatarios se citan en plenas negociaciones para la investidura del líder del PSC, Salvador Illa. El encuentro, por tanto, manda una señal elocuente: el acuerdo parece cercano. Y eso explica por qué Puigdemont ha bajado el pulgar.
Lo que se conoce como techo de gasto es un documento, aprobado por el Consejo de Ministros, que recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para tres ejercicios. Se regula en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La senda de estabilidad tiene que ser aprobada por mayoría simple, tanto en el Congreso como en el Senado. "Tiendo mi mano para tener reuniones que permitan seguir avanzando y podamos presentar las nuevas cuentas en tiempo y en forma", ha dicho Montero.
Cabe recordar que el Senado tiene la última palabra respecto al techo de gasto. Y el PP la dijo el pasado mes de marzo, cuando también tumbó la senda de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo. Y eso que el palo en la rueda del PP implicaba una mayor constricción en el gasto público para sus comunidades autónomas.
Pero PSOE y Sumar, los socios de la coalición, recurrieron a una jugada clásica del parlamentarismo e impulsaron un cambio legislativo para quitarle a la Cámara Alta su capacidad de veto a través de una enmienda en la Ley de Paridad que también se ha votado este martes. Ahí no ha habido sorpresas y el Gobierno ha logrado su objetivo, aunque vuelva a la casilla de salida.
Mientras, Moncloa negocia con ERC de manera bilateral, a cambio de la investidura de Salvador Illa, una financiación a la carta para Cataluña en la que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos con una Agencia Tributaria consorciada, es decir, un Cupo en último término. El Gobierno aprobó hace una semana un techo de gasto récord para 2025 de 199.171 millones de euros.
Sin fondos europeos, la cifra es de 195.353 millones, un 3,2% más que en 2024, una montante para María Jesús Montero "relevante pero prudente" y "acomodado al escenario de las nuevas reglas fiscales". Hacienda ya comunicó a las CCAA que en 2025 recibirían los que considera los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 147.412 millones de euros de las entregas a cuenta, un 9,5% más.
El primer servicio de estudios que reaccionó al nuevo techo de gasto del Gobierno no se creyó que la coalición vaya a ser capaz de cumplir lo prometido con el déficit. El 'think tank' en cuestión es Equipo Económico (Ee). Y la causa que alegaron sus analistas es "el desequilibrio de las cuentas públicas", que constituye un "destacado talón de Aquiles" de la economía española. El informe en cuestión se difundió 48 horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el techo de gasto y la revisión del cuadro macroeconómico.