El fiscal general del Estado ha dado este jueves el pistoletazo de salida del año judicial con un discurso en el que ha situado al Ministerio Público como ejemplo de "independencia" frente a "riesgo" que presentan las acusaciones populares en los procedimientos judiciales. Las palabras de Álvaro García Ortiz cuestionando el trabajo de esta figura procesal, determinantes en casos como el de Begoña Gómez y en un momento en el que el fiscal general continúa a la espera de que el Tribunal Supremo decida si le imputa, despiertan cierto recelo entre expertos juristas.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli, defienden el papel de las acusaciones populares como un mecanismo de control otorgado a la ciudadanía y protegido por la Constitución que ejerce de contrapeso al poder del Ministerio Fiscal. Las mismas voces desconfían de la intencionalidad del fiscal general al incluir en el mismo discurso la idea de trasladar la instrucción a los fiscales y limitar la acción de las de las acusaciones populares.
"Cómo está ahora la Fiscalía, una institución sometida a los principios de dependencia jerárquica y sin la modificación del estatuto orgánico para dotarla de más independencia, la presencia de las acusaciones populares aporta más seguridad al proceso penal". Una posición compartida por la mayoría de las voces consultadas que, además, explican que imponer fuertes restricciones a esta figura procesal, en ciertos casos en los que "existe un conflicto con el propio interés que tiene la Fiscalía", puede provocar que "muchas actuaciones queden sin perseguir".
Precisamente, esta es la tarea para la que fue diseñada la figura de la acusación popular, "para garantizar que no hay ningún interés en no perseguir los delitos", añade uno de los juristas entrevistados. Sin las acusaciones populares habría casos que ni siquiera hubieran llegado a juicio, una vez que el fiscal retirase su acusación. Este es el caso, por ejemplo, de la imputación de la infanta Cristina a quien el juez sentó en el banquillo en contra del criterio del Ministerio Público.
Limitaciones a las acusaciones populares
No obstante, los juristas reconocen que en la actualidad existe un problema con la intromisión de ciertos partidos y otros actores sociales que se rigen por las reglas del juego mediático o político en vez de anteponer los intereses del procedimiento judicial. "Entiendo que deben ponerse limitaciones para evitar el abuso del ejercicio en la acción penal, pero no hasta el extremo de que pueden ser constitutivos de delito queden sin investigarse".
Los expertos explican que la eliminación de las acusaciones populares no puede someterse a debate sin impulsar una reforma del artículo 125 de la Carta Magna. El legislador tendría que aprobar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una tarea en la que el PSOE ya ha emprendido sus primeros pasos. Los socialistas plantean aprobar el próximo año un anteproyecto de ley pendiente desde el año 2011 con el que se pretende excluir a los partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas de la acción popular.
Algunas de las voces consultadas manifiestan su concierto con parte de este anteproyecto de ley que cuenta con numerosos antecedentes. Si el Gobierno de Sánchez sigue el camino marcado por ejecutivos anteriores se plantearían dos límites claros para la acción popular. Además de prohibir la personación de ciertos colectivos, se limitaría la actuación de las acusaciones populares a ciertos delitos como por ejemplo delitos contra la Administración pública, cohecho o corrupción, entre otros.
Según aclaran fuentes de la Fiscalía, la acción contra las acusaciones populares partiría de una reforma de la LECrim y contaría con distinciones según el tipo de causa. Asimismo, el Ministerio Público defiende un cambio de modelo procesal penal, similar al ya existente en la Fiscalía Europea, que permita que la instrucción pase a manos de los fiscales en las causas penales.
