El ataque a un autobús turístico en Barcelona por parte de las CUP y el enfrentamiento a gritos protagonizado ayer ante la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona por decenas de militantes y cargos de ese partido frente a otras tantos defensores de la Benemérita ha desatado las alarmas en el PP y el Gobierno, que no quiere dar munición al soberanismo en vísperas del referéndum del uno de octubre, señalan a Vozpópuli fuentes populares.
El Ministerio del Interior ha ido reforzando sus efectivos en esa comunidad conforme arreciaba el desafío separatista pero, precisamente para evitar cualquier imagen de provocación, de forma discreta y con instrucciones de evitar la incitación. Ayer, los guardias en el interior del recinto no hicieron acto de presencia. Dejaron el incidente en manos de los Mossos de Esquadra.
Separados por unos 50 metros y por una treintena de agentes autonómicos, un centenar de personas convocadas por las redes, que portaban banderas españolas, se enfrentaron a los 'cuperos' con gritos de "¡Viva la Guardia Civil!", "¡Viva España!", "¡Yo soy español!", "¡Cataluña es España!", "¡Puigdemont golpista!" y "Esos son los amigos de Pujol". Respondían así, a su manera, a la convocatoria formal que las CUP habían organizado para protestar por los interrogatorios de la Guardia Civil en el marco de la investigación judicial por el referéndum anunciado para el 1-O.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy es consciente de que "cualquier imagen represiva" alimentará el victimismo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios en la "huida hacia adelante" en la cual se encuentra el nacionalismo catalán; no digamos ya si, por desgracia, acaba habiendo heridos o incluso un muerto conforme se aproxime el uno de octubre.
Recientemente, un alto cargo popular ya vaticinaba con preocupación lo que le podría ocurrir al Gobierno si cae preso de esa dinámica: "Si tú preguntas, nadie sabe en qué consiste el problema del Tíbet, pero cuando los informativos del mundo entero vieron arder a monjes budistas para protestar contra Pekín, la imagen de China se hundió".
No estaba hablando del problema jurídico, que como tal está controlado por el Tribunal Constitucional, en fase de ejecución de su sentencia contra el procés, y por la Fiscalía General del Estado, que vigila a la Generalitat para que no pueda ni convocar concursos para contratar las urnas ni forzar a sus funcionarios a participar en una consulta a todas luces ilegal.
"No queremos en la CNN imágenes de guardias civiles retirando urnas", declaraba recientemente un alto cargo popular a Vozpópuli, temeroso de lo que se avecina ante el referéndum
Se trata de un problema de imagen, reconoce esta fuente, que inquieta ciertamente a la clase dirigente. "No queremos en la CNN una imagen de guardias civiles retirando urnas en colegios electorales", resaltaba esa fuente popular, advirtiendo ya de lo que se avecina si, finalmente, Puigdemont hace coincidir el uno de octubre unas elecciones autonómicas legales -adelantadas- y el referéndum.
Entre los miembros de la CUP que acudieron ayer a la protesta ante la Comandancia de la calle Travessera de Gracia de la Ciudad Condal se encontraban los diputados en el Parlament Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, Albert Botran, Mireia Vehí o Carles Riera, así como el concejal de Vic Joan Coma, que a finales del pasado año fue detenido por la Audiencia Nacional acusado de incitación a la sedición durante un pleno municipal.
Los manifestantes independentistas portaban banderas esteladas, una pancarta con el lema "No haréis callar la voz de un pueblo" y gritaron durante unos 25 minutos ante el cuartel consignas como "¡Independencia!", "¡Fuera las fuerzas de ocupación!" y "Votaremos, votaremos".
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