Fin de año movido para el Gobierno de coalición. Al sinfín de investigaciones judiciales y los órdagos de Carles Puigdemont desde Waterloo, se suma una realidad que empieza a hacerse cada vez más palpable: la entente económica del PP con PNV y Junts, que resquebraja de arriba abajo el ‘muro progresista’ que erigió Pedro Sánchez en su discurso de investidura. "No existe una mayoría de izquierdas en esta legislatura", contraponen fuentes populares.
Alberto Núñez Feijóo, trasladan personas de su entorno a Vozpópuli, quiere afianzar una relación estratégica con dos socios clave del Ejecutivo. Ayer, recorrió un buen trecho al lograr una victoria en el Congreso de los Diputados que tiene especial simbolismo. En el trámite final de la reforma fiscal que tanto trabajo costó alumbrar al Ejecutivo, gracias al apoyo de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, el PP consiguió incorporar tres enmiendas de calado. La más destacada, aquella que suprime el impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas.
Fuentes de la dirección popular celebran: "Lo que hemos conseguido no es derogar un impuesto, sino bajárselo a los españoles, porque cualquier impuesto que repercute en una empresa, lo acaba pagando después el consumidor". La eliminación de esta figura, insisten, "no es para proteger a las empresas, sino para proteger a los ciudadanos".
En el presente ejercicio, el Gobierno ha recaudado más de 1.100 millones de euros con este gravamen, que decaía a final de diciembre. Aunque la intención de Moncloa era prorrogarlo a partir del uno de enero. Lo querían también otros socios de la coalición (ERC, Bildu y BNG) salvo Podemos, que exigía hacerlo permanente. Pero la maniobra del PP obliga a María Jesús Montero a encontrar otra fórmula para mantener el impuesto. A priori, la previsión es que el Consejo de Ministros apruebe un decreto que, en todo caso, será papel mojado, porque no salvaría la convalidación en el Parlamento, visto lo visto. Encima tendría dudosa legalidad. Se supone que el Gobierno no puede dar luz verde a nuevos impuestos por la vía del decreto-ley.
Las otras dos enmiendas del PP que se añadirán a la reforma tributaria, gracias a los votos de PNV y Junts -además de los de Vox- y pese al rechazo del PSOE, fueron las exenciones fiscales para las ayudas destinadas a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. "Duele encontrar más sensibilidad con Valencia en Cataluña que entre los dirigentes socialistas y de Compromís", afean en las filas populares.
Deshacer el bloque de Sánchez
Lo sucedido ayer arroja una cruda conclusión para el Gobierno: en el terreno económico y fiscal, la cacofonía entre la amalgama de socios que sostienen a Sánchez es total. El objetivo del PP es deshacer, ladrillo a ladrillo, un bloque argamasado sólo por el interés. Los unos, para seguir en el poder, los otros, para ver cumplidos sus deseos secesionistas. Más allá de la cuestión identitaria, que lo invade todo, Junts tiene mayor sintonía con el PP que con el PSOE en muchas materias. Especialmente, la económica. Una ventana por la que quiere entrar el grupo que comanda Miguel Tellado en la Cámara Baja.
Como avanzó este diario, los populares han establecido una línea de comunicación directa con la formación de Puigdemont. Eso sí, en el ámbito parlamentario. Hace escasos días, los dos grupos aunaron esfuerzos para suprimir el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Con la votación de este jueves, en el equipo de Feijóo se jactan de que el PP directamente pone a Sánchez frente al espejo de "su debilidad política".
Consumido un tercio de la legislatura, la ausencia de Presupuestos sigue siendo el principal escollo del Gobierno. Y votaciones como la de este jueves constatan la dificultad que Sánchez tiene por delante para llevar a buen puerto la principal norma económica, sin la que no podrá ver cumplido su anhelo agotar el mandato en 2027, para cuando están previstas las próximas elecciones generales.
Día sí y día también, el PP demanda una vuelta a las urnas para acabar con el período más anómalo de la democracia española. Huelga decir que el árbitro sigue siendo un fugado de la justicia, que de manera involuntaria puso el tablero político patas arriba el día que sus siete diputados en el Congreso se convirtieron en la llave de la gobernabilidad en España. A esto hay que añadir los sucesivos escándalos de presunta corrupción que sacuden al entorno político y personal del jefe del Ejecutivo. A ojos de los populares, otra razón más que justificada para escribir el capítulo final de la tragicomedia en la que se ha convertido esta legislatura.
De momento, los números no dan para una moción de censura. Faltan cuatro votos. Los mismos que, en su día, faltaron para una investidura. Por eso, el PP ha optado por una vía pragmática para desgastar a Sánchez: imponer con calzador su agenda económica en las Cortes. La táctica es cortejar a los socios para llevar hasta el tablón del BOE las recetas populares. En la planta noble de Génova 13 anticipan que lo de ayer no será un hecho aislado. La partida aún es larga y Feijóo quiere jugar sus cartas.
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