Política

El gasto en manutención de menas en Madrid 'desangra' las arcas con 62,7 millones el último año

Sin escasas ayudas por parte del Estado, y a expensas de que lleguen los 700 menores pactados entre PSOE y Junts, la región capitalina sigue en problemas

  • Isabel Díaz Ayuso y Ana Dávila -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó, en su reunión de ayer, tres acuerdos por tramitación de emergencia con 2,7 millones de euros para atender a 182 menores inmigrantes no acompañados durante este año. Estos contratos permitirán gestionar 112 plazas en dispositivos de titularidad pública y 70 en centros privados.

A este gasto hay que sumar los 60 millones invertidos a lo largo de 2024 para la manutención de los 2.442 menas que llegaron a la red de cuidados sociales de la Comunidad, en lo que se incluye también la adecuación de centros de primera acogida ya existentes y la apertura de nuevas instalaciones. 

En total, durante el último año, el Ejecutivo regional ha puesto de su bolsillo 62,7 millones de euros para este fin, viniendo la gran mayoría de menores del reparto a 'dedo' del Gobierno central y los que llegan de forma ilegal por el aeropuerto de Barajas. Esto ha provocado una saturación de los recursos, que se traduce en una sobreocupación actual del 132%.

Con motivo de la decisión del Gobierno central de trasladar de forma obligatoria a menores desde Canarias, principalmente a Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real decreto ley estatal que establece este reparto forzoso, al infringir varios preceptos de la Carta Magna e invadir competencias exclusivas autonómicas.

En el caso de que el reparto obligatorio se imponga, el Gobierno madrileño ampliará el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, y ya está estudiando la apertura de nuevos recursos en otras localidades.

Al mismo tiempo, y conforme a lo que dispone la legislación de extranjería, la Comunidad de Madrid ha solicitado a la Delegación del Gobierno la reagrupación familiar de cuatro menores con graves dificultades de adaptación para salvaguardar su protección.

La Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración. Esta medida se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas.

10.618 menas desde 2019

En los poco menos de tres meses que llevamos de 2025, Madrid ha recibido la friolera de 937 menores de edad. Lo que hace pensar en Sol que al terminar el año los números de personas acogidas serán de récord. De hecho, fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales de la CAM cifran en 10.618 los menores no acompañados que Madrid lleva acogidos desde 2019.

La llegada de Díaz Ayuso a Sol coincide con la deriva migratoria de Pedro Sánchez y el Gobierno central, quien no ha sabido hacer frente de ninguna forma a una problemática como esta. Madrid es junto a Canarias, la región que más migrantes recibe, amén del foco que supone el aeropuerto de Barajas, tal y como les hemos ido relatando estos últimos meses.

Haciendo el desglose de estos seis años de presidencia de Díaz Ayuso, el reparto de Moncloa a Madrid ha sido desmedido. En 2019, 1.219 menores; en 2020, año de pandemia, 822; en 2021, 996; en 2022, 2.842; en 2023, 1.360; por último, puesto que ya hemos citado los acogidos en estos noventa días de 2025, a lo largo de 2024 llegaron otros 2.442 menores no acompañados a la capital del reino. 

Moncloa convalidará el reparto de menas sin informar a las CC. AA.

El Gobierno pretende convalidar el próximo jueves, en el pleno del Congreso, el decreto-ley de la distribución obligatoria para menores inmigrantes. Lo hará, según fuentes gubernamentales, sin antes informar de forma pormenorizada a las comunidades autónomas el número de menores que recibirán en cada caso. Aunque les reclamen su solidaridad y exijan al PP, que gobierna en la gran mayoría de ellas, que apoye el decreto.

Hace prácticamente un mes que el PSOE y Junts, acordaron los criterios, de espaldas a los gobiernos autonómicos, para llevar a cabo el reparto de más de 4.400 menores que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta. Algo que provocó un enorme enfado entre los territorios y también en Podemos, por dejar en manos de la ultraderecha catalana una cuestión tan sensible como la inmigración.

Desde entonces, más allá de la aprobación del decreto-ley en el Consejo de Ministros, que tiene que ser convalidado ahora por el parlamento para que se puedan desarrollar las medidas que en él se recogen, apenas se ha hablado con las autonomías que tendrán que acoger a estos menores.

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