"Me siento liberado para confirmar que, efectivamente, ha habido una reunión con el Gobierno y que, lamentablemente, ayer desde el PSOE de Canarias se ha hecho pública cuando desde el propio Gobierno de España se nos había pedido que esa reunión fuese confidencial". Así confirmó Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, lo sucedido el pasado 12 de agosto en la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid. Una reunión a tres bandas a la que, convocados por el presidente canario, Fernando Clavijo, acudieron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el propio Tellado. El tridente que, hasta ahora de manera estéril, lleva semanas guiando las negociaciones para la reforma de Ley de Extranjería.
Si bien que lo sacara a la palestra en plena de rueda de prensa en el Congreso elevó rápidamente la noticia a titular, intensificó el tac-tac-tac de los redactores y los mensajes a los jefes para que fueran haciendo hueco en la portada, más aún después de ampliar los detalles de lo sucedido hace tres semanas, el scoop no lo dio Tellado. Sí evidenció que las negociaciones entre Gobierno, PP y Coalición Canaria (CC) no estaban rotas, sino que se mantenían en la retaguardia, alejadas del ruido mediático, débiles pero vivas como la llama de un mechero sin gas.
Porque fue Sebastián Franquis, exdiputado nacional y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, quien, el lunes, en una reunión del Pacto Canario por la Inmigración –donde están todos los partidos con representación autonómica menos Vox–, quien se fue de la lengua. "Lo más seguro es que fuera un patinazo, pero a saber si no lo hizo a sabiendas", ponen en cuarentena el error fuentes del PP de Canarias consultadas por Vozpópuli.
Entre la decena de presentes, según el medio local Canarias7, el primero en informar del gazapo, las reacciones se dividieron entre los que quedaron "ojipláticos porque no sabían nada" y los que "no entendían que un compañero de filas de quien había pedido la confidencialidad la quebrase". Es decir, que todo apunta a la tesis del patinazo, del error, en fin, de la cagada. "Lo sabíamos muy pocos y nos enteramos muchos días después", dicen las fuentes citadas.
Pero no hay mal que por bien no venga. El desliz de Franquis ha servido para que, al menos, la opinión pública conozca que sí ha habido conversaciones estivales para solucionar un problema capital; para que, al menos, sepamos que Clavijo-Torres-Tellado aparcaron las diferencias por unas horas; para que, al menos, sepamos que hay una "propuesta" encima de la mesa que puede prosperar –si bien como remiendo de urgencia–; y para que, al menos, conozcamos que una reunión clandestina tarda en salir a la luz unas tres semanas.
Y es que, como confirmó Tellado este martes, el PP vio con "buenos ojos" lo que Clavijo puso encima de la mesa. Una propuesta que "implica a todas las administraciones y que supone un ejercicio de responsabilidad por parte de todos". Un plan con tres tramos que obligaría a las comunidades autónomas a dotar de una "atención normalizada" en los centros de acogida siempre que éstos no superen el 100% de su capacidad, que entre el 100%-150% se haría ya con ayuda del Estado y que, a partir de ese umbral, sería directamente el Estado quien atendería a esos menores "de forma directa, con instalaciones propias y con sus propios recursos".
Además de estas cuotas puestas encima de la mesa por Clavijo, el PP redujo a dos sus condiciones extra frente a las propuestas antes del 23 de julio, cuando la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería –sonoro varapalo de un Gobierno abandonado en la votación por Junts y que puso el reparto de unos 6.000 menores extranjeros no acompañados (menas) en el tejado del PP– no prosperó en el Congreso: la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y extender la declaración de emergencia migratoria a todo el país. Sobre la primera, y pese a que Torres prometió que comenzaría en septiembre los preparativos, las comunidades autónomas no han recibido aún noticia. Este periódico no ha hallado respuesta en las fuentes del Ministerio de Política Territorial contactadas.
"Clavijo se está equivocando"
"Lamentablemente, desde el 12 de agosto no tenemos respuestas", aseguró Tellado, quien quedó a la espera de una "simulación de datos" elaborado por el Ministerio de Hacienda para que cristalizara la viabilidad de la propuesta. "Tenemos cruces de llamadas con Ángel Víctor Torres, pero no se nos ha facilitado ninguna documentación para poder avanzar en este acuerdo, que es evidente que requiere de muchos matices y de ponerle letra pequeña", añadió.
Pero fue el lunes, horas antes del desliz de Franquis, cuando Clavijo intensificó su lucha política para desatascar la situación. "Hoy tomaremos decisiones en el Consejo de Gobierno. Vamos a entablar un proceso jurídico contra el Estado. Canarias ha hecho la tarea para atender a los menores que llegan a las islas pero el Gobierno de España nos ha dejado solos", tuiteó a la par que emprendía un tour por las radios locales. ¿El detonante? La imposibilidad de la ONG Quorum Social 77 de acoger, desbordados, a 14 menores más recién llegados en cayuco a El Hierro. Una negativa que llevó a la Policía Nacional a elevar una denuncia a la Fiscalía de Tenerife.
Hoy tomaremos decisiones en el Consejo de Gobierno. Vamos a entablar un proceso jurídico contra el Estado. #Canarias ha hecho la tarea para atender a los menores que llegan a las islas pero el Gobierno de España nos ha dejado solos
? @laradiocanaria— Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) September 2, 2024
"El señor Clavijo se está equivocando", contestó al movimiento Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, este martes. "Creo que todos los esfuerzos que está realizando tendría que emplearlos para convencer a su aliado en el Gobierno, que es el PP", recordó la alianza política que gobierna el archipiélago. "Clavijo está cogobernando con el PP, y fue quien votó en contra. El Gobierno trabaja en soluciones con la mano tendida". A la salida de la reunión del Pacto Canario por la Inmigración, Franquis aseguró estar "absolutamente de acuerdo" en aclarar las competencias de acogida entre la comunidad autónoma y el Estado. No obstante, censuró la ofensiva del presidente canario. "Crear un conflicto político no nos parece adecuado", dijo.
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