Apenas unos minutos es el tiempo que permaneció esta vez el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional, donde acudió este lunes para ser informado personalmente de manos de la jueza Carmen Lamela de los motivos por los que le ha procesado por dos delitos de sedición y uno de organización criminal.
Con una imagen diferente al haberse quitado la barba, Trapero acudió pasados unos minutos de las 8.30 acompañado de su abogada. Según fuentes jurídicas, el exmando no hizo ningún comentario ante la magistrada. Unos cinco minutos después de su comparecencia, abandonó el edificio de la Audiencia Nacional entre la expectación de los numerosos medios de comunicación concentrados en la puerta.
El mismo trámite realizaron la intendente Teresa Laplana -quien compareció por videoconferencia-, el exdirector de este cuerpo policial Pere Soler y el ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig,. La juez procesa a Laplana por un único delito de sedición, y en el caso de Puig y Soler les procesa por un delito de sedición y organización criminal.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 explicó en un auto de 37 páginas que Trapero, Soler y Puig integraron una organización jerarquizada con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal y "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña". Esta estructura fue la que "en suma permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre".
Igualmente, describió el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión, en el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada y se centró en la "utilización ilegal" de los Mossos "al servicio de los intereses secesionistas".
Una utilización de la que se sirvieron tanto "en los actos sediciosos" del 20 y 21 de septiembre ocurridos en la Consejería de Economía, como en la celebración del referéndum ilegal pero también "en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización".
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