Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento balear, mantiene firme su decisión de no demitir. El parlamentario de Vox califica de "ataque contra la democracia" la "campaña de acoso, insultos y amenazas" a la que se le ha sometido tras romper en un pleno de la Cámara la imagen de Aurora Picornell, miembro del Partido Comunista fusilada en 1936 por la sublevación nacional. Le Senne considera en un comunicado que Sánchez intenta tapar "la presunta corrupción de su familia" con esta reacción exagerada.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha traslado a la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz los acontecimientos ocurridos en la sesión plenaria del 18 de junio al considerarlos susceptibles de ser constitutivos de un "delito penal de odio", según la ley de memoria democrática.
"Ninguna amenaza ni chantaje del Gobierno de España va a conseguir tapar la presunta corrupción de su gobierno y de la familia del presidente Pedro Sánchez", responde el presidente del Parlamento balear.
En el comunicado, Le Senne no incluye las disculpas que si verbalizó ante los medios de comunicación. Insiste en que su intención era salvaguardar la neutralidad de la institución. "Las diputadas socialistas Garrido y Costa exhibieron carteles claramente partidistas en la Mesa de la Cámara, contradiciendo así la neutralidad requerida", asevera.
Le Senne apunta que avisó "en privado" y "de manera reiterada" de esta situación, solicitando la retirada de carteles. Según su versión, las socialistas se comprometieron a hacerlo y no ocurrió así. A continuación, con el pleno en marcha, el "presidente informó en privado a la vicepresidenta segunda de la Mesa que si no retiraban voluntariamente los carteles, las llamaría al orden y las expulsaría. La respuesta de la señora Garrido, ‘expúlsanos’, junto con su actitud desafiante, llevó al presidente a proceder con la expulsión tras llamarlas tres veces al orden, de acuerdo al artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, que faculta al presidente para adoptar las medidas pertinentes para hacer efectiva la expulsión de un diputado sancionado".
Para Le Senne, "las exageraciones y relatos incompletos, unidos a la campaña de acoso, insultos y amenazas que ha contado con la participación de diputados de esta Cámara, suponen un atentado contra la democracia, la neutralidad e imparcialidad institucional y contra el Estado de Derecho".
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