Leire Díez Castro, extrabajadora de Correos, se habría incorporado al equipo de Ferraz bajo la supervisión del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para recopilar datos de magistrados y periodistas con los que preparar al partido para una ofensiva contra jueces y Prensa. Esta sería una de las respuestas de los socialistas, junto al paquete de "acción por la democracia" que aprobará el próximo Consejo de Ministros, a las informaciones que catalogan como falsas que afectan a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Leire Díez, ex directora de Relaciones Institucionales de Correos y posteriormente máxima responsable de Filatelia, Museo Postal y Telegráfico, se licenció en Ciencias Sociales y de la Información como periodista en la Universidad del País Vasco. Díez, en efecto, ha ocupado puestos de confianza en grandes empresas públicas con el Ejecutivo de Sánchez. También fue jefa de Comunicación de Enusa (2018-2021). Y entre 2011 y 2014 fue teniente de alcalde socialista del municipio cántabro de Vega de Pas, aunque vive en Portugalete (Vizcaya).
Su activismo político en redes la ha generado tensiones, tal y como contó este diario. En Correos percibía un salario de 100.000 euros al año (80.000 de salario y 20.000 de bonus por objetivos). Y ello no le impidió significarse en la red social X, donde dejó por escrito que los militantes de Nuevas Generaciones del PP le parecen "cachorros de hiena" y que dos personas compren banderas de España a un hombre negro es "anormalidad facha", según ha adelanto este lunes El Confidencial
También cargó contra el diputado del PP Rafael Hernando y contra determinados medios de comunicación que ella misma califica de "basura", como es el caso del periodista de El Mundo Jorge Bustos. Además, ha compartido tuits de terceros en los que descalifica a políticos del Partido Popular, como uno del periodista de RTVE José María Patterson en el que describía a Isabel Díaz Ayuso como "tonta, boba o idiota", un comentario que no dudó en retuitear, tal y como puede comprobarse en su perfil. Son solo algunos de los muchos ejemplos que pueden encontrarse en sus posts publicados en la red social propiedad de Elon Musk.
Fuentes de Correos ya expresaron a este diario su malestar: "Es empleada pública, no es ético que se signifique tanto políticamente, a pesar de que sea una persona de partido. Y menos utilizando insultos. Deja en mal lugar a la compañía". Cerdán, ha negado cualquier relación contractual de ella con Ferraz en estos momentos: "La conozco desde hace años y sé que está haciendo algún trabajo periodístico. Es una militante de Cantabria. No tiene más relación [con el PSOE]. Trabajó en Correos y ahora no sé dónde trabaja”, ha declarado Cerdán a El Confidencial.
El presidente del Gobierno, que decidió entrometerse en el funcionamiento de los medios de comunicación -garantes de canalizar la libertad de expresión-, justo cuando trascendieron las informaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, ha decidido culminar su plan de descrédito de buena parte de los medios que han abordado el asunto. También el que afecta a su hermano, David Sánchez.
El líder socialista ha vuelto a cacarear en el Congreso la vieja cantinela de la 'fachoesfera' para polarizar. Y ha pasado de puntillas por los aspectos más sensibles e incómodos de su mandato, como la financiación autonómica. Buena parte del PSOE está revuelto por el compromiso que sellaron Moncloa y ERC para impulsar un cupo catalán a cambio de la presidencia de Salvador Illa. Sánchez lo sabe, pero una vez más ha decidido no bajar al barro. No quiere mancharse con un debate que le vendrá en menos de dos meses, en el Congreso Federal de Sevilla.
El líder socialista retocará, previsiblemente, la Ley de Publicidad Institucional. El presidente cree los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia. Además, considera que se debe limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores. Para ello, el consejo de ministros se lanzará a actualizar la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace casi 20 años, cuando se leía más en papel que en pantalla y no existían las redes sociales.
Queda claro que Moncloa intentará estipular que los medios sean transparentes en cuanto a su accionariado, inversores y anunciantes para que se conozcan cuáles podrían ser sus intereses a la hora de influir en la línea editorial de un periódico, una emisora o una televisión. Además, los medios tendrán que detallar cuánta publicidad institucional reciben por parte de las Administraciones del país en el que opera, así como los ingresos provenientes de terceros países.
